El TC suspende las últimas resoluciones del Parlament impugnadas por el Gobierno

El ritmo de resoluciones del Parlament contra las que se suceden impugnaciones del Gobierno de Pedro Sánchez han llevado al Tribunal Constitucional (TC) a convocar un pleno extraordinario este martes para admitir a trámite las interpuestas en el último Consejo de Ministros contra las resoluciones tramitadas por la Mesa del Parlament el 22 de octubre a favor de la autodeterminación y para reprobar a Felipe VI.

La suspensión de las resoluciones parlamentarias catalanas recurridas se ha producido antes de que se celebrase el pleno de la Cámara catalana y, por lo tanto, antes de que hayan sido sometidas a votación. Fuentes del alto tribunal explicaron a EL PERIÓDICO que la decisión de celebrar un pleno extraordinario ha obedecido a que contaban con que las resoluciones impugnadas se fueran a aprobar en la próxima sesión parlamentaria, prevista para el día 12, justo cuando estaba prevista la reunión de los magistrados. Sin embargo, en el orden del día pactado por la Mesa no aparece la votación de esta resolución, porque la CUP se negó a tramitarla de urgencia y se llevará al siguiente pleno previsto si desoyen.

El tribunal revisará los tres incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Ejecutivo de Sánchez contra los acuerdos de la Cámara catalana por los que se admitía a trámite la propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 'procés' que condenó a los líderes independentistas, en la que se reitera la defensa del derecho a la autodeterminación, a la soberanía de Catalunya para decidir su futuro y se reprueba al Rey. También se ha admitido la impugnación contra el rechazo a las solicitudes de reconsideración que presentaron varios grupos contra la iniciativa. 

Como en sus decisiones anteriores, el Constitucional ha enviado requerimientos personales al presidente del Parlament, Roger Torrent, su secretario general, Xavier Muro, y los miembros de la Mesa para advertirles de las consecuencias penales en las que pueden incurrir en el caso de no evitar el debate de las proposiciones suspendidas. En una de ellas incluso extendió la advertencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra.Quim Torra 

Para no alegar ignorancia

El pleno del Constitucional se reúne cada 15 días de martes a jueves, pero en esta ocasión el presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas, ha entendido necesario convocar también un encuentro esta semana, para que el tribunal se pronunciara antes del pleno del Parlament en el que se podía debatir lo impugnado. 

Hasta ahora todas las impugnaciones presentadas por el Ejecutivo de Sánchez se han ido admitiendo a trámite en la correspondiente sesión plenaria posterior, lo que ha significado la suspensión de la resolución recurrida. Sin embargo, esta vez se ha decidido no esperar al pleno ordinario que sería la próxima semana, que coincidía con la sesión parlamentaria. De esta forma la suspensión se comunica con la suficiente antelación para que nadie pueda alegar desconocimiento.

Se da la circunstancia de que la semana pasada, al mismo tiempo que el Gobierno anunciaba las últimas impugnaciones, el TC hacía pública una sentencia en al que amparaba al PSC y que supone un cambio en su doctrina por el que la Mesa del Parlament pasa a estar "obligada" a no tramitar resoluciones de inconstitucional "evidente", lo que implica todas aquellas que desobedecen sentencias y autos anteriores del propio TC.

La respuesta de Torrent

En una comparecencia desde la Cámara catalana, Torrent aseguró que desoirá los avisos del TC porque son, a su juicio, "intentos de censura" y cargó contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, por haber "optado por la vía del PP". Asimismo, sostuvo en que ni él ni la Mesa impedirán debatir y votar la propuesta de resolución de ERC, JxCat y la CUP como respuesta al fallo del ‘procés’, y defendió que "se debe poder hablar de todo".

Por su parte, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, tachó de "involución democrática grave y peligrosa" la advertencia del TC y lamentó que el alto tribunal interfiera en lo que considera un "debate político".