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El TC advierte a Torra de su responsabilidad si le ignora

El Constitucional incluye en sus requerimientos personales al presidente de la Generalitat por primera vez

El alto tribunal suspende las resoluciones del Parlament que insistían en el derecho de autodeterminación

Ángeles Vázquez

Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. / ACN / TANIA TAPIA

El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad extender sus requerimientos y advertencias de responsabilidad penal al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a otros miembros del Govern, así como al presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa de la cámara catalana.

Es la primera vez que el 'president' Torra recibe una advertencia personal del alto tribunal, que la formula en las providencias en las que ha admitido a trámite las últimas impugnaciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Son las presentadas por vía de ejecución de sentencia contra varios incisos de la resolución del Parlament del pasado 26 de septiembre sobre la "orientación política general del Govern", en los que se vuelve a defender el derecho de autodeterminación y se propone la expulsión de la Guardia Civil de Catalunya.

Como hizo la semana pasada con las resoluciones de julio, cuyo requerimiento solo se dirigió entonces contra los responsables del Parlament, el alto tribunal anula los preceptos impugnados por el Gobierno al entender que podrían ignorar anteriores resoluciones del propio Constitucional. Esta vez son la sentencia de 2015 que anuló por inconstitucional la declaración soberanista y otra de 2018 que vetó otro intento a favor de la independencia.

El tribunal advierte a Torra, Torrent y los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament de "su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". También se le recuerda su "obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes" a continuar la tramitación de la resolución anulada, "así como su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" sentencias y autos del Tribunal Constitucional". El delito en el que pueden incurrir de seguir adelante con la resolución suspendida es el de desobediencia, penado con multa e inhabilitación.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se ha referido a la actuación del presidente catalán calificando de "exceso" todo aquello que sobrepase el derecho de manifestación y del legítimo ejercicio de crítica contra la sentencia del 'procés'. En este sentido, ha añadido que todos los responsables públicos y en especial Quim Torra "tienen una especial responsabilidad para que no se sobrepasen" los límites que tienen esos derechos, que son "en primer lugar las leyes y los derechos de los demás". Añadió que "todo aquello que se pueda calificar de exceso a esos límites merece un reproche".