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EL PULSO SOBERANISTA

Los juicios pendientes del 1-O

El referéndum ha dejado una ristra de procesos judiciales todavía pendientes de resolver

Hay investigaciones abiertas por la organización de la consulta y también por las cargas policiales

J. G. Albalat

Carme Forcadell y Oriol Junqueras, junto a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, el 20 de septiembre del 2017.

Carme Forcadell y Oriol Junqueras, junto a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, el 20 de septiembre del 2017. / JOAN PUIG

El referéndum del 1 de octubre del 2017 ha dejado una ristra de procesos judiciales pendientes de resolver. Entre los imputados hay diputados, alcaldes, mandos de los Mossos d'Esquadra, policías nacionales y el 'president' Quim Torra. Algunas de estas causas están en su recta final y ya tienen fecha para la celebración de juicio. Otras, en cambio, todavía están en fase de instrucción en los juzgados.

Trapero, en Madrid

El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero deberá sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional a partir del 20 de enero del 2020. Trapero será juzgado por un delito de rebelión por su presunta participación en el proceso soberanista y la supuesta inactividad de la policía de la Generalitat durante la jornada del 1-O. La fiscalía reclama para él 11 años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo. La acusación pública pide esa misma pena para el que fuera director de los Mossos, Pere Soler, y el exsecretario general de la Conselleria d’Interior Cèsar Puig. Para la intendente Teresa Laplana, solicita cuatro años de cárcel por sedición.

La Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fijado para los próximos 28 y 29 de noviembre y el 2 y 3 de diciembre, tras un aplazamiento, el juicio para los miembros de la Mesa del Parlament durante la etapa de Carme Forcadell y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las leyes del 'procés'. La fiscalía solicita para Lluís Maria Corominas (PDECat), Lluís Guinó (PDECat), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDECat), Joan Josep Nuet (EUiA) y Boya multa e inhabilitación por desobediencia.

Torra, en el banquillo

En el mismo TSJC se sentará en el banquillo el 'president', Quim Torra, el 18 de noviembre, acusado de desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) por no retirar el lazo amarillo que colgaba del Palau de la Generalitat de la plaza de Sant Jaume de Barcelona durante la campaña electoral de las municipales de mayo del 2019. La fiscalía solicita para él un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros. Esta medida conlleva, según la acusación, la privación definitiva de empleos o cargos públicos y de los "honores anejos".

Jové y Salvadó

El proceso judicial abierto al diputado de ERC y exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, está todavía instruyéndose en el TSJC. A este parlamentario, que fue detenido el 20 de septiembre del 2017, cuando era secretario general de la Conselleria d'Economia, se le atribuye la "organización logística" del 1-O. La Guardia Civil le incautó el documento 'Enfocats', considerado la "hoja de ruta" para conseguir la independencia, así como agendas y notas sobre qué hacer para materializar la independencia de Catalunya. El alto tribunal catalán está pendiente de decidir qué hacer con el exsecretario de Hisenda de la Generalitat y también diputado de ERC, Lluís Salvadó. La jueza que investiga los preparativos del 1-O le implica en la creación de las denominadas estructuras del Estado.

Los preparativos del 1-O

Las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O están muy avanzadas. El pasado mes de abril, la jueza Alejandra Gil procesó a 30 altos cargos de la Generalitat, periodistas y empresarios por la organización del referéndum. La magistrada sostiene que había "un plan común" y una "estrategia" para celebrar la consulta. Sin embargo, ha rechazado la petición de la fiscalía de incluir la acusación de organización criminal para la mayoría de los encausados.

Cargas policiales el 1-O

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona está investigando las cargas policiales en varios centros de votación durante el 1-O en la capital catalana. Hay 54 agentes de la Policía Nacional, entre ellos algunos mandos, imputados. Están previstas declaraciones de jefes policiales para el mes de diciembre. El Ayuntamiento de Barcelona ejerce la acusación popular. También por las cargas policiales se han abierto investigaciones en otros puntos de Catalunya, como en Manresa, Amposta y Girona, entre otros.

Desobediencia de los Mossos

Los Mossos no se han librado de las investigaciones judiciales por el 1-O. Un juzgado de Cornellà tiene abierta una causa contra altos mandos de la policía de la Generalitat por presunta desobediencia. El auto expresaba que existían indicios de que el operativo policial "parecía haberse organizado con la intención de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales" de impedir el referéndum. Un juzgado de Sabadell también investiga. 

Los alcaldes del 1-O

La Fiscalía General del Estado ordenó abrir diligencias contra los 712 alcaldes de municipios del listado de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) por los preparativos del 1-O, pero al final se incoaron investigaciones para unos 60. Y de estos, solo un puñado de casos ha llegado a los juzgados. El pasado mes de marzo, la fiscalía se querelló contra los que en la consulta eran alcaldes de Collbató y Molins de Rei. Un juzgado de Figueras, por su parte, mantiene la causa contra la exalcaldesa Marta Felip. El exalcalde de Sabadell Maties Serracant fue citado como imputado en enero por ese mismo motivo.