AUDIENCIA NACIONAL
El juicio contra Trapero por rebelión comenzará el 20 de enero del 2020
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya tiene fecha para juzgar por rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, los exjefes políticos del cuerpo Pere Soler y César Puig y la intendente Teresa Laplana (única a la que la fiscalía acusa por sedición). Será a partir del 20 de enero del 2020. Una fecha que deja amplio margen al Tribunal Supremo para dictar su sentencia contra los líderes del 'procés' en el que el exjefe de los Mossos declaró como testigo.
La fecha del inicio de la vista oral se ha conocido apenas unos días después de que la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional hubiera confirmado la competencia de este tribunal especializado con sede en Madrid para juzgar los delitos de rebelión y sedición que se atribuyen a los acusados.
En una diligencia de ordenación la letrada de la Administración de Justiciai de la Sección Primera prevé que la vista oral contra la excúpula política de los Mossos se celebre en 24 meses entre los meses de enero, febrero y marzo en la sede con la que la Audiencia Nacional cuenta en San Fernando de Henares, prevista para juicios en los que el número de acusados es especialmente alto o se espera que cuenten con una importante repercusión mediática.
A diferencia de lo que ocurrió en el Tribunal Supremo, donde además de la Fiscalía también acusaban la Abogacía del Estado y la acusación popular era ejercida por Vox, en la Audiencia Nacional solo actuará el ministerio público. Pese a que la magistrada que instruyó el caso, la jueza Carmen Lamela, consideró que lo ocurrido el 20 de septiembre, mientras se producían los registros de la operación Anubis, y el 1 de octubre del 2017 en Catalunya, durante la celebración del referéndum ilegal, era constitutivo de sedición y organización criminal, la fiscalía solo atribuye el primer delito a la intendente Laplana. A los otros tres acusados les atribuye rebelión.
Por eso solicita 11 años de prisión para Trapero, Puig y Soler por un delito de rebelión, mientras que para Laplana solicita cuatro años de cárcel por sedición. A ella solo la considera responsable de la actuación de los mossos mientras se procedía al registro de la Conselleria de Economia por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona contra altos cargos de la Generalitat por los preparativos del referéndum ilegal.
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