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JUICIO DEL 'PROCÉS'

El plan de Marchena para dictar la sentencia del 1-O

Los siete magistrados retomarán las deliberaciones con lo relativo a derechos fundamentales

Establecidos los hechos que se dan por probados, los jueces determinan si son delito y quiénes fueron sus autores

Ángeles Vázquez

El tribunal que juzga a los líderes del ’procés’, presidido por Manuel Marchena.

El tribunal que juzga a los líderes del ’procés’, presidido por Manuel Marchena. / EFE / TRIBUNAL SUPREMO

Una vez que un juicio queda visto para sentencia, como este miércoles ocurrió con el del ‘procés’, con la última palabra de los acusados llega el momento del "estudio a fondo y la reflexión profunda y compartida" de los magistrados que componen el tribunal para establecer qué ocurrió, si los hechos que se declaran probados fueron constitutivos de algún delito y en ese caso quién lo cometió. Toda esa deliberación se hace a propuesta del ponente de la resolución que se dictará, que en el caso de la que fijará la responsabilidad de lo ocurrido en el otoño del 2017 en Catalunya es también quien presidió el tribunal, Manuel Marchena.

Fuentes del Tribunal Supremo han indicado a este diario que las deliberaciones para dictar esa sentencia comenzaron durante el juicio y se retomarán en cuanto el tribunal se haya pronunciado sobre las peticiones de los acusados más urgentes, entre las que destaca la protagonizada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, para poder salir de prisión y cumplir el primer trámite para ser eurodiputado: acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central.

Una decisión que previsiblemente se producirá este viernes tras el estudio exhaustivo por parte de los magistrados del Reglamento del Parlamento Europeo y de los diferentes informes de la fiscalía y la Abogacía del Estado en contra y a favor, respectivamente, de autorizarle para ir al Congreso.

La deliberación de la sentencia se inició el pasado mes de febrero, cuando al comienzo del juicio los abogados defensores plantearon toda una serie de supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, cuya resolución el tribunal pospuso al fallo. 

Determinar si existió o no esa vulneración de derechos en la que, por ejemplo, los abogados del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, basaron prácticamente toda su defensa es el primer punto que debe acordarse por los magistrados, porque de aceptarse esta tesis puede surgir un obstáculo con repercusión en todo el procedimiento.

De menos a más antiguo

Las deliberaciones iniciadas durante el juicio se hacen "de forma provisionalísima", porque "hasta que no escuchas a todos y ves toda la prueba no es bueno fijar posición, ni siquiera" individualmente, apunta un magistrado, que añade que al terminar la vista oral se debe repasar toda la documental y el resto de la prueba realizada durante el juicio con la perspectiva que otorga el ya conocer todos los argumentos de las partes. 

Como explicó Marchena a varios testigos que trataban de declarar en catalán en el juicio, como el exdiputado Joan Tardà, todo lo que ocurre en una sala de vistas está perfectamente reglado y las deliberaciones no iban a ser una excepción. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los magistrados ofrezcan su opinión y sus sugerencias sobre la propuesta que les haga el ponente según un orden establecido en función del tiempo que llevan en la Sala de lo Penal. 

Primero hablan los que llevan menos tiempo y luego lo más antiguos. En el caso del 'procés' ese turno hace que Ana Ferrer sea la primera en pronunciarse, seguida de Andrés Palomo, Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta. Se de la circunstancia de que Varela, quien se jubilará cuando se dicte la sentencia del 'procés', se incorporó a la Sala Segunda más tarde que Berdugo y Arrieta, por lo que les antecede en el uso de la palabra.

Hechos probados

Una vez acordado entre los siete magistrados lo relativo a derechos fundamentales, pasarán a determinar qué hechos dan por probados. Es decir, qué ocurrió en Catalunya durante el 'procés': ¿La tramitación de las leyes de desconexión obedeció a la dinámica del Parlament, como esgrime la defensa de la que era su presidenta, Carme Forcadell, o todo obedecía a un plan para saltarse la legalidad vigente, como dicen las acusaciones? ¿La declaración unilateral de independencia tenía validez o era poco más que una mera declaración de intenciones?, etc.

Aclarados esos extremos, los jueces pasarán al siguiente. Deberán responder la pregunta de si los hechos que han declarado probados son constitutivos de algún delito y, en ese caso, cuál: son la rebelión que propone la fiscalía o la sedición de la abogacía del Estado. Quizá no sean más que desobediencia, como admitieron las defensas. 

Una vez determinado que son delito tendrán que concretar quién lo cometió y la forma de participación de cada uno de los 12 líderes del 'procés' que se han sentado en el banquillo de los acusados. Para ello tendrán que repasar todas las pruebas que hay contra ellos, por las que consideran que su actuación es merecedora de reproche penal. En este momento es cuando deben determinar qué pena les corresponde; el abanico propuesto por las acusaciones es tan amplio que en el caso de Junqueras llega hasta los 74 años de cárcel que pide para él Vox, pasando por los 25 de la fiscalía y los 12 que solicita la Abogacía del Estado. 

Según estas fuentes, aunque la intención del tribunal sea dictar la sentencia cuanto antes y Marchena no sea un magistrado lento escribiendo, que la sentencia pueda estar lista solo un par de meses después de concluido el juicio se antoja harto complicado. La opción más probable para conocer qué ocurrió a ojos de la justicia en Catalunya sigue siendo como pronto septiembre.