La Abogacía del Estado respalda que Junqueras dé el primer paso para ser eurodiputado

La Abogacía del Estado, a diferencia de la fiscalía, no se opone a la salida de Oriol Junqueras de prisión el día 17 para acatar la Constitución en el Congreso, trámite imprescindible para adquirir el acta de diputado del Parlamento europeo. Los Servicios Jurídicos del Estado consideran que "la extensión y el alcance" de la inmunidad que adquiriría y que podría dificultar la sentencia que se dictará depende del derecho nacional, en este caso, el español. Además, atribuye a la Junta Electoral Central (JEC) la capacidad de valorar si debe serle aplicado el 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal para suspenderle de funciones.

El contraste existente entre el escrito de la Abogacía y el del ministerio público refleja que la petición del líder de ERC plantea una situación inédita y que, más allá de las desavenencias mantenidas al calificar lo ocurrido en el otoño de 2017 en Catalunya como sedición o como rebelión,  ninguna de las dos acusaciones tiene claro qué hay que hacer para no entorpecer el procedimiento del Tribunal Supremo.

El fiscal se opone a que Junqueras vaya al Congreso y el Supremo autoriza a Forn ir a BCN

La fiscalía se opone a autorizar su salida, no ya a Bruselas, sino al propio Congreso, porque entiende que ello supondría que adquiriera la inmunidad y con ella la obligación de tramitar un suplicatorio a la Eurocámara para poder condenarle. La abogada del Estado Rosa María Seoane, en cambio, se remite a la Junta Electoral Central (JEC) como órgano al que corresponde valorar si debe aplicarse al líder de Esquerra la suspensión de funciones también como eurodiputado. Añade, por eso, que le sean notificadas las resoluciones del tribunal relativas a esa medida: el auto de procesamiento dictado contra Junqueras y la decisión de la Mesa del Congreso que procedió a su suspensión automática. 

En su escrito, explica que los trámites para ser eurodiputado se inician con el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución ante la JEC y sostiene que corresponderá a ella y no al Parlamento Europeo, "la competencia para valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Derecho interno que pueden afectar a los candidatos electos", donde encajaría la aplicación del 384 bis.

De ahí que no se oponga a su salida, para "no menoscabar la titularidad del derecho de participación política del solicitante y hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo". Como condición se remite al auto del tribunal del 'procés' del pasado 14 de mayo que autorizó a los diputados y el senador electo ir a ambas Cámaras, con "las mismas limitaciones y condiciones de custodia y seguridad".

La fiscalía también difiere de los Servicios Jurídicos del Estado en el delito cometido. Ella pide 25 años de prisión para Junqueras por un delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado, 12 años por un delito de sedición. De hecho, Seoane dedicó gran parte de su informe de conclusiones finales a negar la violencia necesaria para entender cometido el delito por el que acusa el ministerio público, en vez de a defender la condena que propone.

El viaje de Forn

Lo que ya autorizó el Tribunal Supremo es que el 'exconseller' Joaquim Forn salga de prisión para viajar los días 14 y 15 a Barcelona para poder tomar posesión del cargo de concejal. Los magistrados ordenaron que sea trasladado "acompañado de las medidas que garanticen su seguridad y el retorno al centro penitenciario". En este sentido, el Ministerio de Interior ha comunicado a Serveis Penitenciaris de la Generalitat que la Guardia Civil trasladará al dirigente independentista desde la cárcel de Madrid V (Soto del Real) hasta Catalunya en una "conducción especial y directa". El destino será la prisión de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires, informa J. G. Albalat.

Pese a que el auto del Supremo en el que se autorizaba el traslado a Barcelona de Forn dice expresamente que debe volver a la "prisión de origen" el mismo día 15, la Generalitat ha enviado un fax al Tribunal Supremo en el que solicita que el 'exconseller' de Interior se quede ya en una cárcel catalana, una vez que el juicio que se celebra contra él concluirá este miércoles.