La fiscalía reclama 11 años de prisión para Trapero como "pieza clave" del plan secesionista

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este viernes 11 años de prisión e inhablitación por el mismo periodo para el 'major' de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que finalmente ha sido acusado de un delito de rebelión por su presunta participación en el proceso soberanista catalán y en el referéndum unilateral del 1-O. La jueza instructora, Carmen Lamela, solo lo procesó por sedición, al considerar que no se había producido violencia, y pertenencia a organización criminal. En el auto la magistrada acotó los hechos presuntamente delictivos que van a juicio, pero no impone a las acusaciones los delitos concretos en los que pueden encajarlos. [Sigue las últimas noticias sobre Catalunya en directo.]

La fiscalía reclama también 11 años de prisión e inhabilitación por el mismo delito para el que fuera director de la policía autonómica, Pere Soler, y el exsecretario general de la Conselleria d'Interior, César Puig. Para la intendente Teresa Laplana, cuatro años de prisión por sedición. En su caso, son por los hechos que tuvieron lugar el 20 de septiembre del 2017 durante el registro en la Conselleria d'Economia en Barcelona y el presunto asedio al que fue sometida la comitiva judicial.

Acción conjunta

El escrito de acusación sostiene que los acusados  durante los meses de septiembre y octubre del 2017 "constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias", impedir o "dificultar gravemente" el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia "con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista" ideado "conjuntamente" por los máximos responsables del Govern de Carles Puigemont y el Parlament, así como por los líderes de los grupos parlamentarios y asociaciones independentistas.

De esta manera, a medida que las resoluciones judiciales dejaban "patente la inconstitucionalidad del proyecto independentista", el jefe de los Mossos, el director de la policía catalana y el número dos de la Conselleria d'Interior, "vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución", dieron "cobertura efectiva" a las actuaciones de "una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas". Al entender de la fiscalía, el objetivo era "imponer por la fuerza de la masa derechos de los que carecían y apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales" .

El escrito de acusación de la fiscalía hace un resumen de la "estrategia" diseñada para conseguir la independencia de Catalunya, mediante la "actuación concertada y sincronizada" de tres pilares básicos: el Parlament, el Ejecutivo y el movimiento social, donde se incluye a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Ómnium y la Associació de Municipis per la Independència. En este sentido, la acusación pública enumera manifestaciones convocadas desde el 13 de noviembre del 2016.

Congregación tumultuaria

"Elemento esencial de la actuación fue la utilización de masas que, con su congregación tumultuaria, lograron impedir la ejecución de resoluciones judiciales" que afectaban a "la organización y posibilitaron la votación el día del referéndum ilegal" del 1-0, ocupando colegios cuyo cierre había sido ordenado y protegiendo las mesas electorales, dice el escrito. La fiscalía precisa que entre el 20 de septiembre del 2017, cuando se produjo el registro de la Conselleria d'Economia, y el 1-0 "se produjeron numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas, generando un clima de tensión y enfrentamiento susceptible de generalizarse".

La acusación pública sostiene que "especial relevancia" cobró el papel desempeñado por los Mossos, cuya "capacidad investigadora e intimidatoria" al servicio "de los fines independentistas" era "imprescindible" para proteger la celebración del referéndum. Los Mossos, a su entender, se dedicaron a funciones "impropias de un cuerpo policial", como fue la vigilancia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, entorpecer su labor e, incluso, "oponerse físicamente".

La fiscalía subraya que tanto Puig como Soler y Trapero, como mandos superiores de la policía de la Generalitat, se "sumaron al plan secesionista, poniendo a disposición de este a los Mossos", y mantuvieron el 1-O "una actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación". Del 'major ' relata que "diseñó de forma deliberada" unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes bajo su mando pudieran cumplir con las instrucciones dadas por la justicia de impedir el 1-O, "contribuyendo de forma decisiva a la movilización ciudadana que, con su fuerza coactiva, pretendía el cumplimiento de sus objetivos secesionistas".

Impedir el registro

Respecto al registro de la Conselleria d'Economia del 20 de septiembre del 2017, la acusación señala que el mando policial impidió esta diligencia en las "condiciones legales exigidas" y propició con "su deliberada pasividad" la concentración en la puerta del departamento durante horas de cientos de personas, que ocasionaron el asedio a la comitiva judicial.

La abogada de Trapero, Olga Tubau, ha asegurado a este diario que no existe ningún indicio de que el 'major' haya cometido delito alguno y que la acusación de la fiscalía es "sesgada y puramente incriminatoria". Sobre el delito de rebelión, ha puesto el acento en que en el auto de procesamiento no se recogía y que durante la instrucción del caso no se ha practicado diligencia de investigación alguna respecto a la hipotética violencia requerida para la comisión de esta infracción penal.