La sentencia del 'procés' abre un nuevo ciclo

Se acabaron las elucubraciones. Este lunes, si no hay cambios de última hora, se conocerá la sentencia del ‘procés’, seguramente la más trascendental en 40 años de democracia. A las puertas de unas elecciones generales de resultado incierto, y con algunos de los presos rozando los dos años de prisión preventiva, la decisión del Tribunal Supremo marcará sin duda un cambio de ciclo en la historia política de Catalunya y España.

Hay varias maneras de interpretar el periodo de tiempo que se abre ahora. El Estado querría que fuera el del canto del cisne del ‘procés’, pero el independentismo pretende aprovechar la indignación que provocarían las condenas para galvanizar a unas bases contagiadas del desconcierto de sus líderes.

Una frase que Artur Mas pronunció hace cinco años sirve como mejor resumen de la tensa expectación con la que todos los actores implicados esperan la sentencia. “Entramos en un terreno desconocido en el que no hay seguridades absolutas”, dijo el entonces presidente de la Generalitat, principal impulsor o instigador inicial del ‘procés’, a las puertas de la consulta del 9-N.

Estados de ánimo

Ha llovido mucho desde aquel momento. Y, aunque la incertidumbre de entonces y la de ahora se parezcan, el estado de ánimo del soberanismo es muy diferente. En el 2014 los partidos independentistas no habían fracasado en su objetivo de sumar el 50% de los votos en unas elecciones, ni habían organizado un referéndum declarado ilegal que fue reprimido con una inusitada violencia policial, ni habían comprobado la indolencia internacional, ni se había proclamado en el Parlament una secesión sin efectos prácticos que sirvió para activar los resortes judiciales del Estado. Ni, sobre todo, los principales líderes políticos del movimiento habían sido encarcelados o habían huido al extranjero para evitar el castigo penal.

Si el sentimiento dominante en el independentismo del 2014 era la esperanza, ahora despuntan la indignación y la impotencia. El horizonte que abre la sentencia, una vez constatado el abismo entre el poder real de unos y otros, es el de una larga resistencia. Los partidos todavía debaten su alcance.

JxCat, ERC y la CUP aprobaron en septiembre una resolución a favor de la “desobediencia civil e institucional” como reacción al fallo. Aunque el presidente del Parlament ya ha anunciado que convocará un pleno de respuesta esta semana, en realidad los grandes partidos independentistas no tienen previsto “poner en riesgo” el Govern o la Cámara catalana. Pero nada es ajeno al debate estratégico de fondo, ni a la inminencia de las elecciones, y las diferencias internas son de calado.

Diferencias estratégicas

Así, mientras Gabriel Rufián, líder de ERC en el Congreso, afirmaba que él no habría votado la propuesta de “desobediencia institucional” que sí apoyó su partido en el Parlament, la portavoz del Govern y dirigente de JxCat, Meritxell Budó, evitaba desmarcarse de ese texto.

Las organizaciones políticas quieren dar todo el protagonismo a la protesta cívica, pero ahí también hay grados. Sin duda, quien más lejos querría llevar las cosas es el entorno de Carles Puigdemont. En una entrevista en EL PERIÓDICO, su compañero en Bélgica Toni Comín animaba hace unos días a los independentistas a “buscar el desgaste económico del Estado” perdiendo el empleo, si es necesario. Nadie en el independentismo institucional ha secundado esa idea.

De momento, la única propuesta concreta es la de ANC y Òmnium. Está previsto que en los próximos días –en principio, a partir del miércoles-, cinco columnas formadas por un nutrido grupo de personas recorran desde Girona, Vic, Berga Tàrrega y Tarragona 100 kilómetros en dirección a Barcelona. Y mientras el ambiente sigue enrarecido por el encarcelamiento de siete miembros de los CDR acusados de preparar acciones “terroristas” , también a partir de hoy se empezará a conocer el alcance de las acciones del Tsunami Democràtic, una plataforma opaca apoyada por los partidos independentistas.

Un 155 guardado en el cajón

En la trinchera de enfrente, la reacción del Gobierno dependerá en gran medida de la actitud de la Generalitat. Pedro Sánchez ha avisado de que, en caso de necesidad, un Ejecutivo en funciones puede aplicar el 155. En realidad, en la Moncloa no quieren llegar tan lejos. El Ministerio del Interior, que ha recompuesto las relaciones con los Mossos d’Esquadra a pesar de las tiranteces que se produjeron en el acto de la patrona de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, ha dispuesto el envío a Catalunya de hasta 1.800 antidisturbios. Es un número importante, pero inferior en más de dos tercios al que participó en la represion del 1-O.

Después de cuatro meses de un juicio que fue el más mediático de las últimas décadas en España, y tras otros cuatro de deliberaciones, Manuel Marchena y otros seis magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo serán este lunes por última vez el centro de todas las miradas. En este tiempo, muchos ciudadanos legos en Derecho han mantenido discusiones acaloradas sobre conceptos como la rebelión o la sedición, que todo apunta a que será el principal castigo de los impulsores del 1-O. Habrá que ver cómo encaja el independentismo una condena que, pese a orillar la rebelión, puede acarrear más de una década de cárcel para Oriol Junqueras, y también cuándo podrán los presos aliviarla mediante permisos o beneficios penitenciarios.

Pase lo que pase, está claro que, durante un periodo de tiempo indeterminado, que sin duda abarca las elecciones del 10-N, el riesgo de incendio político es elevado.