La Audiencia Nacional imputa al exgerente de TV-3 por la financiación irregular de CDC

El juez José de la Mata ha imputado al ex gerente de TV-3, Oriol Carbó Seriñana, por su presunta participación en la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. Carbó deberá prestar declaración como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 10 de septiembre.  El magistrado explica su decisión en un auto firmado el 5 de agosto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Oriol Carbó era alto ejecutivo de la productora Triacom Audiovisual y según el juez existen "indicios" de que siguió "instrucciones especificas de Germà Gordó" para que pagara una deuda que el partido tenía con el empresario Joan Manuel Parra desde la campaña electoral del 2010.

Según el auto del juez, Gordó dio instrucciones "expresas y directas" para que se pagara la deuda del partido mediante "facturas para girar a la empresa Triacom", en seis pagos mensuales. El juez De la Mata añade que las facturas se giraban por "supuestas y obviamente inexistentes colaboraciones" de las empresas de Parra en "producciones audivisuales de Triacom Audiovisual SL para la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals".

Con este método, Convergència habría saldado en su beneficio una deuda de "aproximadamente unos 750.000 euros" con el empresario Parra. El dinero lo habría entregado el empresario a Convergència, según el mismo ha confesado en la Audiencia Nacional dentro de la causa del 'caso 3%', para las elecciones del 2010 y a cambio de recibir contratos públicos. EL PERIÓDICO dio a conocer la denuncia del empresario, su toma de declaración en la Audiencia Nacional y las peticiones del fiscal anticorrupción al respecto hace unos días.

Facturas dictadas

El magistrado relata cómo Germá Gordó, que fuera gerente de CDC y 'conseller' de Justícia de la Generalitat, y el ex gerente de TV-3 mantuvieron reuniones o conversaciones "justo antes del libramiento de cada factura" para que el político convergente "dictara" al empresario "el concepto concreto que debía hacer constar en cada factura". Carbó era quien luego le transmitía a Parra cómo debía preparar las facturas por las supuestas colaboraciones con TV-3, de forma que el partido saldara su deuda con él sin dejar huella.

El magistrado, además de imputar al exgerente de la televisión pública catalana, atiende otra petición del fiscal anticorrupción José Grinda y ordena a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que entregue a la Guardia Civil todos los contratos que haya realizado con Oriol Carbó y la empresa Triacom Audivisual SL o cualquier otra vinculada con ella.

Este método de financiar a CDC utilizando pagos de TV-3 es, según el juez, "una singularidad" dentro "del patrón de comportamiento habitual" del partido para financiarse irregularmente, como lo define el magistrado. El "patrón" que han descubierto los investigadores del 'caso 3%', subraya el auto, es que "altos cargos del partido CDC [...] en connivencia con empresarios y otros cargos de índole politica, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta".

El juez de la Audiencia Nacional asegura en el auto que para lograr ese dinero los implicados "alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban donaciones a Fundaciones ligadas a CDC (CatDem y Fòrum Barcelona). El juez concluye que los pagos "se realizaban por las empresas" y "se obtenían por las Fundaciones, y por ende, por el partido político CDC".

Los "jerarcas" políticos

El auto señala que a veces las empresas daban dinero a cambio de una adjudicación de una obra o un contrato público concreto, pero otras veces los empresarios hacían "donaciones" siempre "de acuerdo con los jerarcas políticos del partido, para crear o mantener una buena relación con el partido y sus jerarcas, y así ser consideradas elegibles y ser tomadas en cuenta para futuras adjudicaciones ilícitas, es decir, simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos".

El juez De la Mata coloca la supervisión de todo ese entramado "bajo el control" de Andreu Viloca, que fuera tesorero de CDC y está imputado en la causa.  Ese control era "exhaustivo" y abarcaba licitaciones de obra pública y servicios de ayuntamientos, diputaciones, consells y organismos dependientes de la Generalitat, siempre bajo el control de Convergència.  A cambio de las adjudicaciones de las obras, el juez concluye que los empresarios "realizaban pagos encubiertos al partido bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones CatDem y Fundació Fòrum Barcelona".