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INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

Un "cártel opaco" de empresas daba dinero a CDC a cambio de obras públicas

La Guardia Civil dispone de testimonios, agendas, 'e-mails' y entregas de "donativos" que prueban cómo se financió el partido del 2011 al 2015

El tesorero Andreu Viloca guardaba en su despacho copia de las licitaciones de obras concedidas al "club" de importantes firmas de ingeniería

Luis Rendueles

El extesorero de CDC Andreu Viloca

El extesorero de CDC Andreu Viloca / FERRAN NADEU

Un grupo de importantes empresas se organizaron y formaron un "cártel opaco" para conseguir adjudicaciones de obras públicas de la Generalitat entre el 2011 y el 2015. La Guardia Civil y la Audiencia Nacional disponen de testimonios, a los que ha tenido acceso en primicia EL PERIÓDICO, que explican cómo funcionaba lo que llamaban "El Club" para obtener las obras que sacaba a concurso Infraestructures de Catalunya. A cambio, las ocho compañías del "club" u otras controladas por ellos, según las pesquisas, pudieron entregar dinero en forma de donativos a la fundación CatDem, de CDC.

25 de agosto de 2015. Agentes del servicio de información de la UCE 3 de la Guardia Civil vigilan un encuentro entre el tesorero de CDC (y también de la CatDem) Andreu Viloca, y el director general de la empresa Infraestructures, Josep Antoni Rosell. Los agentes les fotografían en la terraza del Club Artos Sport, en Barcelona. A las seis menos diez, Rosell abandona la reunión y va a su despacho. Esa tarde debe decidir a quién concede la Generalitat la obra de la estación de Guinardó, en la línea 9 del metro de Barcelona, valorada en 419.000 euros. La obra fue adjudicada dos días después, el 27 de agosto del 2015, a Eurocatalana Obras i Serveis. La Guardia Civil encontraría luego el anuncio de licitación de esas obras en el despacho del tesorero Viloca.

"El director general (Rosell) se encarga de recibir las instrucciones de adjudicación de la formación política Convergencia Democrática de Catalunya, principalmente del tesorero Andreu Viloca", concluye la Guardia Civil partiendo del escrito de un antiguo trabajador de esa empresa de la Generalitat llamado Vicente Campanales. Este añadió que Rosell se ocupaba de "forzar las valoraciones" y que "existiese garantía de que el adjudicatario final" de la obra de una carretera o una línea de tren fuera "al menos uno de los habituales", del "club" de empresas.

Dinero por obras

El informe de la Guardia Civil incluido en la nueva y de momento última pieza de investigación abierta sobre la trama del pago del 3% de las obras públicas para financiar a CDC recoge que varias empresas de ingeniería y obras formaron ese "club" y que pactaron el funcionamiento de ese "cártel" con dos altos funcionarios de la empresa Infraestructures: el director general, Josep Antoni Rosell, y el presidente, Joan Lluís Quer (definido por varios testimonios como hombre de confianza de Artur Mas). El 9 de febrero del 2017, el actual presidente de Infraestructures, Joan Jaume Oms, llevó a la Fiscalia Superior de Catalunya estos y otros documentos internos y denunció las irregularidades y las posibles entregas de dinero para la fundación de CDC.

De la documentación analizada, la Guardia Civil concluye que "una vez examinados los correos electrónicos pertenecientes a Joan Lluís Quer, parece deducirse que ciertas empresas de ingeniería en el entorno de Asinca (Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya) habrían configurado un cártel colusorio para pactar los precios de los concursos públicos en ciertas administraciones y empresas públicas". La Audiencia Nacional investiga en el 'caso 3%' una trama por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partido político, blanqueo de capitales y malversación. El PDECat, partido heredero de Convergència, está también imputado en el sumario principal del caso.

"Nuria Bofill"

Todos los miembros de ese "club", al que otras fuentes llamaban "la hermandad", mantenían comunicación con los directivos de la Generalitat a través de una cuenta de correo abierta a nombre de "Nuria Bofill", según el informe policial entregado al juez. En los correos que constan en el sumario, Joan Lluís Quer llega a escribir a uno de los implicados que "saltarse el pacto es un riesgo innecesario y temerario".

Las empresas que formaban parte del "club", según la Guardia Civil, "llegaron a pactar las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas administraciones con el objetivo de evitar competir entre ellos y así obtener un contrato más beneficioso… Dicho pacto se fue extendiendo a diversos organismos públicos", entre los que la Guardia Civil menciona a las obras del Ayuntamiento de Barcelona, el Servei Territorial de Carreteres y Ferrocarrils de la Generalitat, la Agència Catalana de l'Aigua, Aigües Ter-Llobregat, Aigües de Tarragona y Regs de Catalunya entre el 2011 y el 2015. Hubo, asegura la Guardia Civil, un "perjuicio para las arcas públicas".

Reuniones con Gordó y Viloca

El informe en poder del juez José de la Mata analiza ocho expedientes de obras concedidas por Infraestructures del 2011 al 2015. Y refleja las reuniones de los directivos de las empresas que iban a ganar las obras con el director general, Josep Antoni Rosell, y también, en algunos casos, con Germà Gordó ('exconseller' de Justícia, exsecretario del Govern de Mas y exgerente de CDC, imputado en el caso 3%). También, la participación del tesorero de CDC y la Fundación Catdem, Andreu Viloca, imputado en el caso principal del 3 por ciento.

Aquellas obras fueron concedidas a empresas del "club" y varios anuncios de licitaciones fueron incluso encontrados por la Guardia Civil en el registro del despacho de Viloca. Así ocurrió con la mejora de la carretera C-66 entre Bordils y Medinyà. Ganaron dos empresas del "club" (Auding y GPO) que habían quedado en la posición número 23 en la oferta económica. La Guardia Civil subraya en su informe que hubo otras 22 firmas "más ventajosas para la Administración" que fueron rechazadas.

Algo similar ocurrió con otras obras: la prolongación de la línea de FGC Llobregat-Anoia, un tercer carril reversible en la carretera Berga-Bagà, la variante de Gandesa en la carretera C-43, la prolongación de ferrocarril en Sabadell, la estación de Ca n'Oriac en esta misma ciudad y el desdoblamiento de la carretera C-55 en Manresa.

Según la investigación abierta en la Audiencia Nacional, la mecánica era similar. Había encuentros o comidas entre los representantes de las empresas del "club" y los directivos de Infraestructures Rosell y Quer. También se fijaron citas de los empresarios con Gordó e incluso con el tesorero Viloca.

En algunos de los casos investigados, la Guardia Civil ya ha hallado la coincidencia entre el proceso de concesión de la obra y una donación a la fundación CatDem. En el sumario del 'caso 3%', informes de la Guardia Civil afirman que las dos fundaciones de CDC (CatDem y Fòrum Barcelona) ingresaron 16,9 millones de euros entre el 2012 y el 2015, la mayoría procedentes de donaciones de empresas. Más de seis millones fueron abonados en cheques o en efectivo.

85.000 euros en una caja de caudales

La Guardia Civil sospecha que, además del dinero para CDC, las empresas entregaron cantidades en dinero negro a Rosell. El 21 de octubre del 2015, su amigo Vicente Campanales acudió a la Guardia Civil de Tarragona y entregó cinco maletines y una caja de caudales de Rosell en la que había 85.000 euros.

El informe recoge el testimonio de Oms, actual presidente de Infraestructures, que denunció ante la fiscalía que "existen pocas dudas respecto a las aportaciones dinerarias que recibía en persona desde dichas empresas, al margen de los donativos de estas a CDC". En cuanto a Quer, que actualmente vive en Chile, tiene doble nacionalidad y el juez está muy interesado en localizarle para tomarle declaración.

La semana pasada, la Guardia Civil registró las sedes de las empresas investigadas por formar parte de el "club" (GP GroupAudingintraesaBAC Engineering ConsultancySenerEuroGeotécnicaAyesa Ingeniería y Dopec), así como la asociación Asinca, en la que están integradas muchas de ellas. Todos los directivos salvo uno se negaron a declarar ante el juez.