Casado quiere intervenir Catalunya con o sin 155

Gemma Robles / Miguel Ángel Rodríguez

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El PP no ha difundido aún su programa electoral. Tampoco sus líneas maestras, como sí ha hecho el PSOE. Pero su aspirante a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, trufa de vez en cuando sus intervenciones públicas con el adelanto de la que considera algunas de sus medidas estrellas. Este lunes Casado se refirió en un desayuno informativo a su proyecto para Catalunya y avisó de que, sin renunciar a su aspiración de un férreo despliegue del 155, ya está preparando un plan alternativo para poder intervenir de facto la Generalitat sin necesidad de utilizar dicho artículo constitucional, por si se diera la circunstancia de que obtiene en el Congreso, el 28-A, mayoría para gobernar de la mano de Cs y de Vox pero no sucede lo mismo en el Senado.

Un Gobierno puede iniciar los trámites para activar el 155 aprobando en Consejo de ministros un requerimiento a un presidente autonómico en cuestión, pero necesita después mayoría absoluta en la Cámara Alta para poder tomar las riendas de una Administración territorial a través de la Carta Magna. Cada vez son más las encuestas que ponen en duda que Casado logre ser presidente con la ayuda de una coalición de centro-derecha y, además, prácticamente todos los sondeos descartan que ese bloque reúna los senadores suficientes para una operación de este calado. En este contexto, el líder del PP apunta ya al posible uso de la ley de Seguridad Nacional y de la ley de Seguridad Ciudadana para cambiar, entre otras cosas, la dependencia jerárquica de cuerpos como el de los Mossos d’Esquadra o la Ertzantza respecto a Policía Nacional y Guardia Civil, que según los populares deben poder dar órdenes a las fuerzas de seguridad autonómicas.

Según el jefe del PP su objetivo fundamental es "salvaguardar el edificio de la Constitución" ante el independentismo en Catalunya y evitar, según relató en un acto organizado por Europa Press, que puedan volver a repetirse circunstancias como las que rodearon al 1 de octubre de 2017 en las que se "tolere" que los Mossos reciban "órdenes ilegales".

Educación, TV3, símbolos y lengua

Pero en ese ‘plan b’ de Casado para Catalunya, diseñado por si logra gobernar pero no desplegar un 155, hay más medidas que sobrepasan la cuestión policial y de seguridad. A su juicio, se debe tomar también el control de Tv3 para garantizar su imparcialidad (lo ha reiterado en distintas ocasiones) y de la Educación. Sobre esta última parcela pivota su propuesta de aprobar una Ley de Lenguas que subraye el castellano como lengua vehicular y suprima cualquier "discriminación" por no  hablar catalán, gallego o euskera. Para el líder popular, las lenguas cooficiales pueden ser un "mérito" pero jamás un "requisito" para acceder a un puesto de trabajo en la Administración.

En esta línea también ha prometido una de Ley de Símbolos –propuesta que, por cierto, apareció en varios de los programas con los que Mariano Rajoy concurrió a las generales sin que después fuera aprobada por su Ejecutivo- que penalice, aseveró, los ultrajes a la Corona, a la bandera y los pitidos al himno nacional. Esa misma norma serviría, según su relato, para evitar que se "politice" el espacio público con símbolos partidistas, avisando que con él en La Moncloa ningún funcionario podría "pasar consulta o dar clases" portando "símbolos políticos".

Traspasos de competencias

Se refirió asimismo Casado al traspaso de competencias pendientes del Estado a las autonomías. Su intención es echar el freno y, como primer paso, aprobar "una moratoria" hasta que haya podido impulsar una evaluación general del modo en que están siendo gestionadas."Hay autonomías que ejercen muy bien su responsabilidad, otras que la están malogrando y luego está Catalunya, que está en la más absoluta ilegalidad con la complicidad del Gobierno de España", sentenció, tratando de propiciar un golpe electoral al PSOE, su principal adversario frente al 28-A.

No es este un asunto baladí para sacarlo a colación en vísperas de elecciones. Para el PNV, que hasta la fecha ha pactado por igual con populares y con socialistas cuando ha sido menester para dar estabilidad a un gobierno, el de las competencias es un tema crítico. De hecho está pendiente que el Ejecutivo central le traspase al gobierno vasco más de una treintena siguiendo lo marcado en el Estatuto de Gernika y según acordaron, recientemente, el gabinete de Pedro Sánchez y el del lehendakari Iñigo Urkullu.

Ley de Partidos y subvenciones

No se olvidó el líder de los populares de esgrimir nuevamente medidas frente a partidos que puedan ser acusados de rebelión o secesión, aludiendo así al juicio que se está celebrando en el Supremo contra el ‘procés’ y cuya sentencia se espera para antes del verano. A este tipo de organizaciones, advirtió, les espera con el PP la retirada de subvenciones públicas.

Casado quiere además incluir en la Ley de Partidos la posibilidad de ilegalizar a formaciones políticas que impulsen escraches o apelen a la violencia en sus mensajes. Un claro intento de sacar de la competición política a los partidos independentistas, a los que ha reprochado instigar a la "kale borroka" catalana.