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REACCIÓN AL JUICIO EN EL SUPREMO

Puigdemont no conocía el dispositivo para detenerlo

El 'expresident' está satisfecho con las declaraciones de Trapero, que confirman la profesionalidad e independencia de los Mossos, según su entorno

Amplía al Reino de España la demanda contra el juez Llarena y pide a los jueces belgas que lleven su caso ante el Tribunal de la UE

Silvia Martinez / Bruselas

Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont. / ACN / NATALIA SEGURA

Carles Puigdemont no tenía ni idea de que los Mossos d’Esquadra contaran con un dispositivo policial para detenerlo, tal y como reveló este jueves durante el juicio del procés el ‘major’ Josep Lluís Trapero, lo que confirma, según el entorno del ex president, la independencia de este cuerpo policial y que no seguía órdenes del Govern. 

Es más, las mismas fuentes dan a entender que Puigdemont no se siente traicionado por las explosivas declaraciones del jueves, que ha quedado acreditado que en la Junta de Seguridad quedó explícitamente dicho que la policía autonómica debía cumplir con las órdenes de los jueces, y que está contento con las declaraciones de Trapero porque “demuestran que fue profesional” y que no hubo ninguna intromisión en las decisiones policiales. "Los Mossos no estaban a favor o en contra de nada. Estaban a favor de la democracia" y "para mantener la convivencia ciudadana". Dicho de otra forma, no hubo ninguna rebelión apoyada por la policía catalana. “Es una fantasía que se viene abajo”, aseguran.

Las mismas fuentes también aseguran que Puigdemont tendrá derecho a la inmunidad parlamentaria si sale elegido eurodiputado en las elecciones de mayo, que la inmunidad se tiene desde la proclamación de los resultados, que las elecciones al Parlamento Europeo están reguladas por normativa europea y que la legislación española debe cumplir con ella. “El momento en el que la inmunidad empieza a regir es la proclamación de los resultados. Todo lo demás son barreras y peajes que ya pasaremos”, aseguran poniendo en duda la legalidad de un requisito como es jurar o prometer la Constitución.

Demanda contra Llarena y España

Precisamente, Puigdemont y el resto de 'consellers' han presentado esta semana en Bélgica la demanda civil contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por su supuesta parcialidad y vulneración de sus derechos fundamentales, y en la que han incorporado al Reino de España, que en septiembre pasado solicitó personarse también en la causa al considerar que los actos imputados a Llarena eran actos contra uno de sus órganos. El equipo de abogados han solicitado al tribunal belga que debe dirimir el caso que remita una pregunta prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE y eleve el caso a Luxemburgo.

El equipo de juristas del 'expresident', que denuncian violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales por parte de las jurisdicciones españolas, consideran que los tres jueces belgas que examinan el caso están obligados a preguntar a la máxima instancia europea. El proceso, no obstante, será largo. La defensa de España tiene ahora un plazo de dos meses para responder a todas las alegaciones recogidas en la demanda cuya vista oral tendrá lugar, según los tiempos que manejan, durante el primer semestre de 2020. Si se confirma que los jueces piden la intervención de Luxemburgo el proceso podría alargarse hasta finales de año.

“Si tenemos una situación en que un juez comete una falta y es parcial habría un proceso en Bélgica. Esperamos que el juez reconozca que el juez Llarena cometió una falta”, ha explicado este viernes el abogado Christophe Marchand. El equipo que defiende a Puigdemont considera que España “se disparó un tiro en el pie” cuando decidió salir en defensa de Llarena porque es lo que les ha permitido ampliar la demanda y que se examine a Llarena no solo como persona, por las polémicas declaraciones tras una conferencia en Oviedo, sino también sus actuaciones como juez. "Nos ha beneficiado porque ha abierto un horizonte jurídico que antes no habíamos pensado", explican los juristas que consideran que ha habido una violación del derecho comunitario