El letrado mayor y el secretario general del Parlament refutan a Forcadell

El que fuera letrado mayor del Parlament, Antonio Bayona, ha contradicho este lunes a la expresidenta de la cámara catalana y procesada, Carmen Forcadell,  y a su sucesor, Roger Torrent, el sentido que la Mesa del Parlament sí que puede entrar en el fondo de una iniciativa parlamentaria, ya sean proyectos de ley o de otra naturaleza, a la hora de admitir o no su tramitación, a la vez que han concretado que advirtió de que se estaban vulnerando decisiones que antes había dictado el Tribunal Constitucional. “Había un deber de no admitir”, ha precisado. A raíz del primer incidente de ejecución que se planteó desde el alto tribunal, los servicios jurídicos del Parlament comenzaron a elaborar informes sobre la no conveniencia de tramitar propuestas soberanistas, aunque, ha detallado, esos dictámenes no eran vinculantes.

En esta misma línea se ha expresado el secretario general del Parlament, Xavier Muro, que ha asegurado que ante un “incumplimiento palmario” había de inadmitir. Pero ha ido más allá en sus explicaciones y ha reconocido que no recordaba ningún precedente de que se hubiera tramitado una proposición legislativa en contra de la opinión de los servicios jurídicos de la cámara catalana, como ocurrió con la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.

Forcadell, que se enfrenta a 17 años de prisión por rebelión, sostuvo en su declaración que la Mesa del Parlament solo se había analizado el contenido de propuestas legislativas cuando eran iniciativas populares (ILP) y que en el resto se estudiaban cuestiones de forma.  “La Mesa no puede ser un órgano censor”, llego a decir. Su sucesor ha repetido esas mismas palabras e, incluso, ha calificado la función de este órgano de “burocrática”. También ha salido en defensa de la procesada: " Forcadell no podía hacer otra cosa que lo que hizo y proteger el parlamentarismo y el derecho de participación de los grupos parlamentarios". Él, ha dicho, hubiera actuado igual."Un presidente del Parlament nunca puede limitar y censurar la libertad de expresión de los grupos parlamentarios”, ha insistido.

Advertencia de los diputados

Los miembros de la Mesa del Parlament José María Espejo Saavedra (Ciutadans) y David Pérez (PSC) han recalcado  que la Mesa  tenía "la obligación" de inadmitir a trámite aquellas resoluciones de ley relacionadas con la independencia, dado a que el Tribunal Constitucional (TC) las había declarado ilegales.

Los dos diputados han explicado que este órgano de la cámara podía entrar en el fondo de las propuestas y no solo en la forma y han detallado que algunas de las leyes vinculadas al referéndum y a la independencia fueron votadas de madrugada. Los dos, según han explicado, advirtieron a sus compañeros de la Mesa que con la aceptación a trámite de algunas proposiciones soberanistas se estaba incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional

Espejo ha concretado que "existía un plan o la intención de aprobar de todas estas leyes que desembocaron en el referéndum, pero habían muchos obstáculos desde el punto de vista parlamentario y constitucional", mientras que el diputado del PSC ha insistido que la Mesa debe rechazar las proposiciones que "contradigan el ordenamiento constitucional".

El actual presidente

Roger Torrent ha aprovechado su declaración como testigo para dejar patente sus intenciones políticas. "Voté el 1-O y tenga presente que volveré a votar", ha sostenido, para después defender que "el conflicto político entre Catalunya y el Estado solo se resolverá mediante un referéndum".  Las leyes que se aprobaron en la cámara catalana el 6 y el 7 de septiembre del 2017, la que permitía la consulta soberanista y la de transitoriedad jurídica, eran un "instrumento para poder preguntar a los ciudadanos cual quería que fuera su futuro y por mucho que se juzgan a estos 12 demócratas eso no cambiara". "No vamos a renunciar nunca a la voluntad  mayoritaria de los catalanes de decidir nuestro futuro", ha sentenciado.

"La ley de transitoriedad, como la del referéndum,  tenía como objeto buscar una solución política al conflicto de Catalunya con el Estado español" y  un proceso de "negociación y diálogo". Asimismo ha explicado que los informes de los letrados del Parlament que advertían de que algunas propuestas vulneraban las resoluciones del Tribunal Constitucional "no son vinculantes". Como "cuestión de carácter previo", Torrent ha mostrado su "preocupación" de que dirigentes independentistas se sienten en el banquillo de los acusados y que la acusación la ejerza "la extrema derecha".  Ha incidido que "11 de los 12 acusados han sido diputados y que estén en prisión supone una grave distorsión del normal funcionamiento de la cámara". Torrent fue quien el 27 de octubre del 2017 le pidió a Forcadell, como portavoz de Junts pel Sí, que se leyera el preámbulo de la declaración de independencia y que se votará la resolución de forma secreta.

Recriminación a las defensas

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, impidió a la defensa interrogar a Torrent sobre hechos distintos a los que le preguntó la acusación de Vox, para evitar preguntas que vulneren el principio de contradicción. Esta decisión produjo la protesta de varios abogados defensores. "La Sala es la primera interesada en conocer qué pasó, pero si tenía tanto interés en conocer lo que podía aportar el señor Torrent usted lo podía haber pedido como testigo. Pero no lo propuso", ha espetado el magistrado a uno de los letrados.