Juicio del 'procés': Los puntos fuertes de las defensas

La defensa de los dirigentes independentistas que serán juzgados en el Tribunal Supremo tienen un denominador común: los procesados no han cometido ningún delito, no existió ni se incitó a la violencia y las movilizaciones fueron pacíficas y actuaron de forma democrática por la falta de diálogo del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero a partir de ahí, cada abogado ha trazado su propio camino. Los escritos presentados ante el alto tribunal revelan estrategias diferentes y con múltiples matices entre los 12 líderes soberanistas.

Hay abogados que plantean un juicio con una fuerte carga política, al entender que el tribunal ya tiene ‘in mente’ la condena, y apuestan por la justicia europea . Este grupo de juristas denuncia la vulneración de derechos fundamentales y el ataque y represión por parte del Estado español hacia el movimiento independentista.

“Anhelar la independencia no es delito”, sostiene en su escrito la expresidenta del Parlament, <strong>Carmen Forcadell </strong>, que, a su vez, se desvincula de la organización del referéndum unilateral del 1-O y de la aprobación de la declaración de independencia (DUI), que llegó a petición de los grupos. En su escrito, incide que la causa busca “criminalizar” a la que fuera máxima responsable de la cámara catalana “exclusivamente” por haber sido presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), pese a que, en el ejercicio de su cargo, “jamás participó, ni pudo participar” en la toma y ejecución de decisiones adoptadas por el Gobierno de Carles Puigdemont.

Criminalización del movimiento

A esa criminalización, pero del movimiento independentista en general, se refiere el abogado de <strong>Oriol Junqueras y a Raul Romeva</strong>. A su juicio, las pruebas recopiladas por el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O “no son otra cosa” que el fruto de unas pesquisas “instrumentalizada a los fines de la criminalización de los independentistas catalanes”, una "causa general". Recalca que “votar nunca puede ser delito” y que se ha producido un “frontal desprecio de los derechos fundamentales” de los acusados.

Las alusiones a la naturaleza política del proceso judicial y a la supuesta vulneración de derechos son una constante en los alegatos. Para el expresidente de Omnium Cultural, <strong>Jordi Cuixart</strong>, el sumario no es más que un juicio contra una serie de derechos, cuya misión ha sido “proteger a toda costa la unidad territorial española”, mediante una acción “concertada” de los poderes del Estado.

La defensa de <strong>Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull</strong> combina trazos políticos con la batalla jurídica. En sus escritos recogen, de una u otra manera, la siguiente expresión: “Los ciudadanos presuntamente rebeldes o sediciosos, blandieron por mayor arma un simple papel para depositar en una urna, al acabar la votación regresan pacíficamente a sus casas”. Precisan que no existió alzamiento violento o tumultuoso y critica la “violencia policial desproporcionada” durante el 1-O.

Los Mossos y su 'conseller'

Las apreciaciones de <strong>Joaquim Forn</strong> son algo distintas y tiene un aroma menos político. En su escrito detalla que  no participó "en el diseño del operativo policial" del 1-O, "ni interfirió en el mismo desde el punto de vista político”. Eso sí, hace piña con el resto de acusados y admite que, en sintonía con la voluntad de su partido, del Gobierno del que formó parte, y de sus electores, impulsó "un proceso tendente a la consecución de la independencia" por "medios pacíficos".

Los argumentos de 'exconseller' <strong>Santi Vila</strong> son distintos. Sostiene que su "posicionamiento político" siempre ha sido siempre contrario a "estrategias unilaterales”. La exconsellera de Governació, <strong>Meritxell Borrás</strong> relata que en el momento del 1-O ya no tenía las competencias y procesos electorales. Los escritos de defensa de Dolors Bassas y Carles Mundó no han trascendido.