Sànchez, Rull y Turull piden que declaren el Rey, Rajoy y Puigdemont en el juicio

La defensa del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de los 'exconsellers' Jordi Turull y Josep Rull ha decidido apuntar alto en la lista de testigos que deben declarar en el próximo juicio contra los líderes del 'procés'. Entre los propuestos figuran el Rey Felipe VI, el expresidente del gobierno Mariano Rajoy,  y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra huido, según consta en sus escritos de defensa.

La petición del abogado Jordi Pina se formalizó ayer a través de los escritos de defensa que interpuso, uno por cada uno de sus defendidos. La petición de que declare Felipe VI, que se basa en el discurso que pronunció el 3 de octubre en relación con lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre en Catalunya, ya fue anunciada la semana pasada por el 'exconseller' Francesc Homs. Este escrito se suma al interpuesto este lunes por el exvicepresidente Oriol Junqueras y el 'exconseller' Raül Romeva.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé en su artículo 410 la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar de "todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos", pero el precepto siguiente exceptúa de ello al "Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes", así como "los agentes diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas".

El escrito de Sànchez que reproduce este artículo precisa que en el caso de que el Rey no pueda comparecer lo haga el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. Por su parte, los 'exconsellers' Rull y Turull también incluyen en el listado de sus testigos al lendakari, Iñigo Urkullu, por la mediación que tuvo en el proceso.

Vídeoconferencia

En cuanto a Puigdemont, el escrito precisa que declare por videoconferencia, ya que si fuera al Supremo sería automáticamente detenido. Además, esta citación plantea otra dificultad nada baladí como es que si no hubiera huido él también se sentaría en el banquillo de los acusados, por lo que su testimonio estaría muy condicionado. La defensa, además, requiere que comparezca Rajoy ante el tribunal, petición ante la que los magistrados que lo componen están dispuestos a acceder.

Sànchez también solicita que acudan al juicio relatores de Naciones Unidas como testigos y los seis procesados por desobediencia, que el Supremo envió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para ser juzgados allí, así como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Lluis Llach, que estuvo presente en los registros de la Conselleria de Economía.

También pide que declaren el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que será juzgado en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión, y decenas de votantes del 1-O.  

Una vez que estén en poder del alto tribunal los escritos de defensa de los 12 acusados a los que juzgará por declarar la independencia unilateral de Catalunya, el Supremo decidirá qué prueba acepta y cuál rechaza y fijará el calendario del juicio, que comenzará a finales de este mes o principios del próximo.

Curiosa rebelión

El escrito de defensa de Sànchez, que niega el relato de hechos de las acusaciones, considera "curiosa" la "rebelión o sedición" que se les imputa cuando "los ciudadanos presuntamente rebeldes o sediciosos, blandiendo por mayor arma un simple papel para depositar en una urna, al acabar la votación regresan pacíficamente a sus casas". Añade que ni la organización que presidía ni él mismo recibieron "personalmente requerimiento alguno de la autoridad judicial para abstenerse de realizar comportamiento alguno, a pesar que durante las semanas previas al referéndum fue notoria y pública la actividad en actos de campaña a favor de la participación y del voto afirmativo en dicho referéndum". 

Turull esgrime argumentos parecidos y precisa que "no consta ningún episodio -porque no se produjo-en el que se alzara personalmente de modo violento o tumultuario o incitara a los ciudadanos a proceder de tal modo", a la vez que resalta que "jamás imaginó" que la celebración de un referéndum pudira culminar con "uso de la violencia policial desproporcionada en lugares de gran afluencia" de gente que, "con ilusión y actitud siempre pacífica" había acudido a votar.  Asimismo, denuncia un "ataque directo y un atropello" a sus derechos fundamentales, como la libertad de pensamiento y de expresión. "Poner las urnas no es ni puede ser considerado jamás un delito", insiste. De las manifestaciones ciudadanas reitera que fueron "pacíficas y guiadas por motivos de expresión política".

Rull, por su parte, denuncia que la justicia ha creado un "relato inexistente" y ha "retorcido" el Código Penal para encontrar una tipificación penal "ad hoc", en referencia a la rebelión, pese a que no hubo alzamiento público, ni violencia. Considera, además, un "desvarío valorativo" fruto de la "persecución política" tratar de equiparar la actuación de los independentistas con el golpe de Estado de Tejero de 1981, en el que salieron carros de combate a la calle y los golpistas irrumpieron armados en el Congreso.