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ESCRITO DE DEFENSA

Junqueras pide trasladar el Supremo a Barcelona para celebrar el juicio en la capital catalana

El exvicepresidente y el 'exconseller' Romeva solicitan reservar cinco plazas para observadores internacionales

Alegan que el objetivo final del proceso judicial es "la criminalización" del independentismo

J. G. Albalat / Laura Puig

Oriol Junqueras y Raül Romeva, en una imagen de archivo.

Oriol Junqueras y Raül Romeva, en una imagen de archivo. / RAFA GARRIDO (ACN)

El exvicepresidente del Govern y el 'exconseller' de Exteriors, Oriol Junqueras y Raül Romeva, ha reclamado que el Tribunal Supremo se desplace a Barcelona para poder celebrar en la capital catalana el juicio por el 1-O, que está previsto que se inicie a finales de enero o principios de febrero.

Esta es una de las peticiones que realizan los dos dirigentes republicanos en su escrito de defensa y tiene como principal objetivo evitar el traslado a una cárcel de Madrid durante los tres meses que está previsto que dure la vista oral. De todas formas, insisten en pedir su libertad para poder preparar mejor la sesiones del juicio.

Por otra parte, solicitan que se reserven cinco plazas de la sala de vistas para observadores internacionales después de que un plataforma de entidades a favor de derechos humanos se ha organizado para gestionar su presencia; que se dispongan de medios técnicos audiovisuales para poder reproducir vídeos en la sala y para poder emitir una señal en directo en tiempo real de lo que acontezca durante el juicio; interpretes de catalán para que los procesados puedan expresarse en su lengua, y que se levante la protección de los dos testigos protegidos en la causa, así como la anulación de las pruebas aportadas por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre los preparativos del referéndum por supuesta "vulneración de derechos fundamentales".

Criminalización del independentismo

Además de estas peticiones, los dos exmiembros del Govern alegan en su escrito de defensa que la finalidad del proceso judicial es criminalizar al independentismo. A su juicio, las diligencias del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el que abrió la causa, y todas las fuentes de prueba "no son otra cosa que el fruto de dicha irregular investigación instrumentalizada a los fines de la criminalización de los independentistas catalanes".

En su relato de lo acontecido en Catalunya tras las elecciones del 2015, señalan que el referéndum no formaba parte del programa de Govern, pero se incluyó "a raíz de la propuesta del 'president' Carles Puigdemont durante la cuestión de confianza a que se sometió en el Parlament el 29 de septiembre del 2016". Asimismo, subrayan que la celebración de un referéndum de independencia es apoyada por "el 80% de la población en Catalunya".

Por tanto, prosiguen, la única "decisión de ejecución unilateral" que se llevó a cabo fue "la de decidir convocar e impulsar" la consulta. "Votar nunca puede ser delito y, de hecho, no lo es según el Código Penal español", recuerdan.

Derecho penal del enemigo

Junqueras y Romeva consideran que en la instrucción ha habido "un frontal desprecio de los derechos fundamentales" de los investigados, y se ha llevado a cabo "una auténtica causa general contra el independentismo catalán impregnada de la filosofía sobre la que descansa el derecho penal del enemigo". Y subrayan que el impulso inicial del procedimiento provino de "la extrema derecha política", en alusión a Vox, que está personado en el proceso como acusación particular. "Los movimientos políticos que tanto preocupan en la Europa democrática moderna son quienes siguen definiendo el ámbito de actuación de los tribunales", añaden.

Sobre la protesta de los días 20 y 21 de septiembre ante la Conselleria de Economia a raíz del registro de la Guardia Civil, la defensa de los dirigentes republicanos sostiene que fue "legal", que "no se impidió" ni se "frustró" ninguna actuación judicial, y que "no se atacó ni se lesionó a nadie". Asimismo, acusan a la secretaria judicial de ofrecer "una versión sesgada que sirvió de perfecta excusa para la construcción de un relato apocalíptico de los hechos acaecidos que resultó a la postre muy útil a las tesis de acusación y crucial para el encarcelamiento " de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Centrándose en la jornada del 1-O, Junqueras y Romeva insisten en que la única violencia se ejerció por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, generando "imágenes de violencia inusitadas que pudieran (seguramente a su entender) atemorizar a los votantes e impedir su participación en dicho referéndum o bien escarmentarles por haberlo hecho".

Vía de diálogo

Por último, destacan sus esfuerzos por hallar una "vía de diálogo" en los días posteriores al 1-O y la "intensa" negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a entablar negociaciones, rechazando incluso una mediación internacional. "Dicha negociación no es una quimera", añaden, antes de recordar los acuerdos logrados entre el Reino Unido y Escocia o entre Canadá y Quebec.

Por todo ello, la defensa concluye que la causa contra los políticos y líderes independentistas "es un ejemplo de instrumentalización de un proceso penal para la persecución de un movimiento que, pacíficamente, ansía un objetivo político legítimo en democracia". Y sostiene que el resultado del juicio supondrá una muestra del "mantenimiento o derogación de los valores democráticos".