Forn se desvincula del operativo policial del 1-O y dice que no dio instrucciones a los Mossos

El exconseller de Interior Joaquim Forn, en su escrito de defensa ante el Tribunal Supremo, se desvincula del operativo policial de los Mossos d'Esquadra para el referéndum del 1-O y afirma que no dio ninguna instrucción política a la policía catalana. El abogado Javier Melero, que representa a exalto cargo del gobierno catalán, ha pedido que declaren como testigos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, miembros de la excúpula del Ministerio de Interior y el exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo.

El escrito detalla que Forn no participó "en el diseño del operativo policial" del 1-O "ni interfirió en el mismo desde el punto de vista político, ni, aún menos, técnico, que no hubo infradotación de medios en el dispositivo, y que "ni siquiera estuvo presente en la Sala de Coordinación de los Mossos (Cecor), ni emitió directriz alguna a los responsables de la misma". Tampoco interfirió, recalca, en el dispositivo policial durante el acoso a la comitiva judicial que registro la Conselleria d'Economia el 20 de septiembre del 2017, episodio en el que niega haber "incitado a las masas" a oponer "violencia resistencia" a la acción de la justicia   

Borràs sostiene que en el 1-O ya no tenía competencias en procesos electorales

Forn rechaza que cometiera el delito de rebelión porque "no ha fomentado ningún tipo de enfrentamiento ni de algarada, ni ha manipulado la actuación del cuerpo policial de los Mossos d'Esquadra contraviniendo lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia". Eso sí, admite que, en sintonía con la voluntad de su partido político, del gobierno del que formó parte, y de sus electores, impulsó "un proceso tendente a la consecución de la independencia de Catalunya por medios pacíficos".

El exconseller subraya que apoyó "la celebración del referéndum del 1 de octubre como una manifestación del derecho a la libertad de expresión y a la participación política de un concreto (bien que estimable) sector de la población de Catalunya". Pero precisa que no incitó a parte de la población "a alzarse violentamente frente a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo a cualquier precio la jornada de votación declarada ilegal" .

No existe rebelión

Argumenta que si la conducta típica de la rebelión se caracteriza por "colocar al Estado en una situación límite, de tal naturaleza que le legitima para acudir en defensa de la Constitución al "poder militar", ninguno de los acontecimientos ocurridos en Catalunya en el 2017 reviste estas características, y que prueba de ello es que posteriormente el Gobierno aplicó el artículo 155 sin la menor resistencia por parte del Ejecutivo catalán. Hasta el mismo lo acató.

El escrito concreta que "sólo puede subsumirse en el delito de rebelión la insurrección o la sublevación contra el ordenamiento constitucional realizada por una pluralidad de personas notoriamente dotadas de organización y de armamento idóneos para conseguir su propósito", para lo cual, además, "emplean la violencia". A su entender, considerar los hechos acaecidos el 20 de septiembre del 2017 (concentración ante la Conselleria d'Economia en la que se estaba realizando un registro) o el 1-O como levantamientos violentos supone "forzar el concepto típico hasta el extremo de que cualquier manifiestación en que se produzca algún episodio violento o de resistencia política" sería suceptible de "subsunción".

El abogado apunta en su escrito que Forn, que llegó al Govern de Carles Puigdemont dos meses antes del 1-O, mantuvo "con éxito" el "delicado equilibro" entre la "lealtad a la acción política" del Ejecutivo catalán y a sus convicciones y el "cumplimiento riguroso" de los deberes que le imponía ser el máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra, cuerpo del que hace una denfesa cerrada. 

El 'exconseller' afirma que creyó que una negociación con el Estado "era posible", pues el 26 de octubre del 2017 (un día antes de la declaración de independencia) el presidente de la Generalitat barajó convocar elecciones, lo que huiera evitado la aplicación del 155 y "la existencia del presente procedimiento".