Cuixart alude a la falta de diálogo para justificar sus actuaciones

El equipo jurídico de Jordi Cuixart ya ha cerrado los flecos de su escrito de defensa, un texto con el propósito de "acusar al Estado" por "vulnerar los derechos fundamentales" de su cliente. En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, erigen "jurídicamente" al presidente de Òmnium Cultural como "defensor de los derechos humanos", por su labor al frente de la entidad soberanista, y defienden su actuación aludiendo a la falta de diálogo entre el Gobierno y el Govern. "La actuación de Jordi Cuixart no fue delictiva, por supuesto, pero tampoco fue fruto de la mera liberalidad. Actuó consciente de su compromiso democrático en la defensa de los derechos humanos y libertades públicas, incluido el derecho a la autodeterminación, y ante la negativa cerrada de un Estado a ofrecer vías de diálogo", reza el escrito, y deja claro que "seguirá esforzándose en ese sentido todas las veces que sea necesario".  

"Cuixart ejerce, ha ejercido y ejercerá, desde la no-violencia, siempre que sea necesario, la desobediencia civil, un instrumento, por otro lado, perfectamente legítimo en una sociedad democrática", reivindican los abogados de la defensa y denuncian una vulneración de derechos fundamentales e infracciones procesales, motivo por el que reclaman la suspensión del juicio y la nulidad del auto de conclusión del sumario. Y es que los letrados ven "a la luz de la jurisprudencia europea, "un caso de evidente detención arbitraria del acusado con violación del derecho fundamental a la libertad" y "la construcción de un derecho penal focalizado en la finalidad política secesionista de los investigados y la evidente desproporción de las penas". 

La defensa pretende convertir las acusaciones en una reivindicación de "la libertad de expresión, de reunión, de disidencia política, de autodeterminación y de desobediencia civil pacífica" -y por ello creen que deben "expulsar de los escritos de acusación" todas las manifestaciones independentistas desde el 2013 hasta el 1 de octubre del 2017-. Afirman que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, la fiscalía, la abogacía del Estado y Vox "actuaron para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación, adoptando e instando la adopción de medidas que afectaron de forma drástica derechos fundamentales de la ciudadanía, las cuales no podían justificarse en términos de proporcionalidad ni tampoco de legalidad, y que sentaron las bases de un clima de excepcionalidad jurídica". De hecho, vuelven a insistir en la expulsión de Vox de la acusación particular por ser un "partido machista y xenófobo" y usar el asunto con "fines electoralistas", algo que creen que "contraviene los compromisos internacionales". Y, además, consideran que el tribunal no es "competente" ni "independiente".

Por otra parte, muestran su "sorpresa mayúscula" ante la consideración de la fiscalía "criminalizando un lema político", ¡No pasarán!, que fue utilizado contra el golpe de Estado de julio de 1936. "Pretender derivar de la expresión de este lema algún tipo de consecuencia penal no solo es contrario al derecho a la libertad de expresión que hemos desarrollado, sino que además demuestra un evidente desconocimiento histórico", aseveran. 

Critican la existencia de un "contexto de vulneración de derechos fundamentales producto de la sobreprotección de la unidad territorial de España", y añaden que después de la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament "la reacción de las instituciones centrales del Estado desbordó el Estado democrático de derecho", con el despliegue policial decidido a evitar el 1-O. Hurgan también en las relaciones -y reacciones- políticas que han enredado el caso. Destacan que el titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, al fallecer, fue catalogado por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, de haber cambiado "el rumbo de la Historia de nuestro país" y aseguran que "resulta evidente, que no existía cobertura legal alguna" en su actuación con todo lo relativo al referéndum y señalan "posibles irregularidades en la adjudicación del expediente al referido Juzgado en el reparto inicial de la denuncia". 

Finalizan el documento afirmando que el procedimiento judicial "no finalizará en Madrid, sino en una sala de justicia internacional con la condena de España por vulneración de derechos humanos".  

Solemnidad

Òmnium Cultural ha organizado una rueda de prensa antes de que trascendiera el escrito para presentar la estrategia de defensa en el patio de columnas del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. El vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, se ha arropado de juristas, abogados y catedráticos del mundo jurídico para denunciar un "juicio político" y para dejar claro sus pretensiones ante el Tribunal Supremo: "No presentamos un escrito de defensa, presentamos un escrito de acusación ante el Estado".

"No es el momento de defendernos de nada, sino de acusar este Estado que ha violentado su ley y ha falsificado una realidad para criminalizar una idea", ha hurgado Mauri.

Los abogados Magda Oranich, August Gil Matamala, Carme Herranz y Olivier Peter han desglosando cada una de estas líneas principales, y han denunciado "criterios de imparcialidad", "numerosas vulneraciones de garantías procesales" en la fase de instrucción y que el tribunal que se hace cargo sea "incompetente para juzgar hechos que han tenido lugar dentro de Catalunya". También han criticado que la prisión provisional "se haya convertido en un castigo antes de la sentencia" y que "se aplique el derecho penal del enemigo" a los "rivales políticos". "Señores magistrados el juicio a la democracia aún tiene que empezar pero ustedes ya han perdido", ha zanjado Peter.

Mauri ha asegurado que se ha puesto la "unidad de España por encima de los derechos más básicos" y ha censurado que "la suspensión del derecho no solo afecta a los soberanistas sino a todos los ciudadanos". "La unidad de un Estado no se puede blindar a costa de la amputación de derechos y libertades de los ciudadanos, tampoco con una policía política ni una Justicia al servicio de una ideología determinada", ha añadido. 

En una carta a los socios, Cuixart pidió "asumir la desobediencia civil como un instrumento de transformación social" y como un reflejo del "verdadero estado de salud de un estado de derecho social y democrático". Y fijó el juicio como una "expresión capital de la lucha pacífica por la autodeterminación de Catalunya y por la defensa de los valores democráticos", algo que consideró una oportunidad "inigualable" ante la comunidad internacional.