El juez abre una nueva causa por financiación ilegal a partir del 'caso 3%'

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una segunda causa por financiación ilegal de partidos políticos a partir de la del 'caso 3%', en la que imputó al PDECat como sucesor de la extinta Convergència (CDC). Fuentes jurídicas señalan que el procedimiento, en el que también se investiga el presunto amaño de contratos de instituciones de la Generalitat con ciertas empresas para que resultaran adjudicatarias a cambio de un determinado margen, se ha abierto por los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

La Guardia Civil ha practicado este martes el registro de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lleida, Vizcaya y Sevilla por la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública. Se trata de entidades de ingeniería que supuestamente han participado en los amaños de las licitaciones, para recabar documentación y correos electrónicos.

Para profundizar en la investigación partiendo de lo que ya se tiene, el juez ha requerido la Autoritat Catalana de la Competència, a través del instituto armado, que se ha personado en su sede, una copia de las indagaciones que practicaron a raíz de una inspección reciente a esas empresas de ingeniería. También ha dirigido un requerimiento a la empresa pública Infraestructures de la Generalitat sobre los 10 expedientes de la administración objeto de investigación. La empresa fue órgano licitador y adjudicador de los mismos.

La investigación comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de una cuenta denominada "nuriabofill", fechados entre los años 2008 y 2011, con los que se supone que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Catalunya, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.

Mediante dicho pacto, las empresas privadas que lo integraban acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al mismo. Del mismo modo, las pesquisas de los investigadores han conseguido demostrar la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto. De los 'e-mails' también se desprende la posible implicación del sector púlico, como GISA, Infraestructures. cat, Agència Catalana de l'Aigua, Regs de Catalunya, Consorcio de Aguas de Tarragona y Aigües del Ter Llobregat.

En este marco, la Guardia Civil investiga el posible "direccionamiento" irregular de numerosos expedientes de contratación pública, constatándose la celebración de diversas citas con este objeto, entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador. Los investigadores intentan esclarecer si en esta trama estarían implicados el extesorero de CDC Andreu Viloca e, incluso, el 'exconseller' y exdiputado Germà Gordò.

Una pista de hace tres años

Las pesquisas de esta pieza separada del 'caso 3%' se iniciaron como consecuencia de la localización de un correo electrónico anónimo durante las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la operación Petrum III (octubre del 2015), en el que se exponían una serie de irregularidades que se estarían cometiendo en el entorno de la empresa pública Infraestrutures.cat, mientras estaba dirigida por Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell.

Ese mensaje exponía que en el seno de esta compañía se habría articulado un sistema de baremación de los criterios de valoración para adjudicar contratos administrativos, que ponderaba sobremanera la puntación de la oferta técnica (subjetiva y proclive al direccionamiento) con respecto a la oferta económica. Además, el establecimiento de un sistema de control de la media de las ofertas presentadas excluía a las empresas que no formaban parte de un supuesto pacto colusorio.

De la investigación no se descarta que se identifique a un ente o persona política superior que coordinase las instrucciones de "direccionamiento" de contratos públicos, posiblemente con el objeto de financiar irregularmente CDC, según fuentes conocedoras de las pesquisas.

Los registros

Las sedes empresariales en las que se ha personado este martes la Guardia Civil en Barcelona son la Asociación de Empresas de Ingenieria y Consultoría Independientes de Catalunya (Asicat), de GPO Grupo; Bac Engineering Consultanu Grup; Eurpo Geotécnica; Ayesa Ingenieria y Dopec. Además, el instituto armado ha solicitado información en la central corporativa de la ingienería vasca Sener, en Getxo, sobre la construcción de esta firma en la construcción del AVE en Catalunya.