22 feb 2020

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La denuncia de un trabajador de GISA explica cómo se amañaban los concursos

La Guardia Civil considera que el texto permite investigar la existencia de "toda una trama delictiva"

El documento estaba guardado en una maleta de Josep Antoni Rosell que se abrió en sede judicial

SALVADOR SABRIÀ - JESÚS G. ALBALAT / BARCELONA

La fachada de la sede de la empresa GISA en Barcelona, en el 2011.

La fachada de la sede de la empresa GISA en Barcelona, en el 2011. / CARLOS MONTAÑÉS

Una de las perlas del llamado sumario del 3% es una denuncia anónima de una persona que se identifica como trabajador de la empresa de gestión de infraestructuras de la Generalitat, GISA, en la que se explica el método que podría haber utilizado para amañar determinados contratos públicos. En su informe, la Guardia Civil, tras comprobar la veracidad de la cuenta de correo desde la que se emitió la denuncia, asevera que estas informaciones ofrecen una panorámica de "la existencia de toda una trama delictiva que subyace en la estructura de Infraestructures.cat (GISA)". 

La denuncia, que el trabajador envió a la Oficina Antifrau y la Fiscalía en su momento y que no obtuvo respuesta de ambas entonces, se encontró en una maleta de Josep Antoni Rosell Polo que tenía en custodia un amigo suyo y que posteriormente entregó a la Guardia Civil, junto con una caja de caudales, tras los registros en el domicilio de Rosell. La maleta se abrió en las dependencias judiciales. Esta vez, y a la vista de otras "evidencias" que los agentes han encontrado durante la investigación, la Guardia Civil no solo ha dado credibilidad a la denuncia, sino que la ha incorporado a la causa y considera que aporta "informaciones de interés muy relevantes para la investigación que se está practicando", referidas a la alteración de "todo tipo de concursos públicos, tramitados en el seno de dicha mercantil, con la finalidad de dirigir los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido".

En síntesis, el método para apañar los concursos que explica la denuncia a la que da credibilidad la Guardia Civil consistía en controlar las adjudicaciones en la fase de la oferta técnica del concurso de una obra o servicio, a la que se atribuían el 70% de los puntos, con posteriores limitaciones a la parte de la oferta económica (30% de los puntos restantes), mucho más objetiva que la primera. Estas limitaciones hacían casi imposible que el que obtenía dos o más puntos de diferencia en la primera parte del concurso lo acabase perdiendo. Según la Guardia Civil, se produjo una situación "de abuso de poder y de corrupción sistemática" que sitúa temporalmente "desde el 2011 al 2013", durante el mandato de Artur Mas. 

En la denuncia se afirma que, tras una fuerte reducción de personal en Gisa, se creó la llamada Unitat d'avaluació técnica d'ofertes, con dos técnicos que no provenían de esta empresa pública, y que tenían relación tanto con los entonces director general, Josep Antoni Rosell, y presidente de la entidad, Joan Lluis Quer. Esta unidad es la que puntuaba las ofertas técnicas. El porcentaje de esta sobre el total no está fijado de forma estricta por la ley, y puede variar a criterio de la administración y del tipo de concurso. Aunque algunos organismos como la antigua Comisión de Defensa de la Competencia, aconsejaban que la oferta económica pese mucho, porque es más difícil de manipular. A título de ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona está licitando actualmente concursos en los que la oferta económica aporta el 51% de los puntos. 

Si la técnica pesa el 70% y la económica está limitada de tal manera que impide que la diferencia entre la más cara y la más barata no pueda superar en más de un punto los 30 que vale, el resultado es que en esta segunda parte del concurso prácticamente todos los concursantes realizan ofertas casi idénticas que no varían el resultado. "Curiosamente las empresas adjudicatarias de los contratos más suculentos arrasan en la oferta técnica",  constata la denuncia.

"Efectivamente hay margen para hacer una valoración tendenciosa de los criterios no estrictamente económicos de un concurso" reconocía a este diario Josep Mir, profesor de derecho administrativo. Aunque también añadía que si las bases del concurso son muy claras cada vez es más difícil manipularlos. Además, advirtió de que las grandes empresas tienen personal dedicado a prepararse para las licitaciones y suelen ganarlas con mayor facilidad que las pequeñas porque son mejores en esta actividad. El mismo experto advirtió también de que al no existir una carrera administrativa sólida, al final la realidad es que hay mucho personal del sector público "presionable por el poder político, ya que fue gracias a este que logró el puesto". También considera que una excesiva valoración de la oferta económica, sin tener en cuenta la experiencia, por ejemplo, podría acabar perjudicando a la calidad de la obra pública.