El Parlament acepta sustituir a los diputados suspendidos

El Parlament ha aprobado este martes no suspender a los políticos presos y 'exiliados' tal y como sancionaba el auto del juez instructor Pablo Llarena. En la misma resolución, acaso como dosis de árnica, la Cámara catalana sacó adelante la propuesta de permitir "mientras no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas" que sean los grupos parlamentarios de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Toni Comín, Jordi Sànchez y Josep Rull los que gestionen sus votos. Como hasta ahora. Ciudadanos y PP abandonaron el hemiciclo justo antes de ejecutarse la votación. El PSC se quedó pero no votó.

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A pesar de las indicaciones de los letrados del Parlament, la votación del dictamen de la comisión del estatuto del diputado se hizo en dos partes. Ello permitió que el segundo punto, el que permite la delegación de voto de los diputados suspendidos, se sacara adelante con una mayoría simple. De haberlo puesto en votación en un texto único se hubiera precisado de una mayoría absoluta que JxCat y ERC no disponían, por cuanto la CUP anunció que votaría en contra.

El debate, como viene siendo norma, ha sido bronco. Ya antes de entrar en el ajo, Carles Carrizosa ha advertido que era una barbaridad que la Cámara "vote si acata o no una resolución judicial. Se sitúan ustedes", por los independentistas, "por encima de la ley".

Esa línea es la que ha seguido la líder de su fuerza, Inés Arrimadas. Entonó un contundente discurso contra el independentismo y relató un doble ataque a las instituciones catalanas. De un lado, el "intento de asalto violento" al Parlament y, de otro, la "barbaridad que es votar si les gusta o no una resolución judicial".

Arrimadas avisó a Torra de que sus palabras jaleando a los CDR "le perseguirán toda la vida" y censuró que él era el "cabecilla de un comando separatista violento": "¿Les vio flojillos porque solo habían provocado disturbios y enfrentamientos?", le replicó irónicamente al 'president', y le advirtió de que no es "impune".

El ejemplo de la Gürtel

"¿Se imaginan que el PP en el Congreso quisiera votar si acatan o no la sentencia de la Gürtel porque la ven injusta? ¿O cuando salga la sentencia de los ERE? Esto es una vergüenza", zanjó, y anunció que presentarán una querella contra los miembros de la Mesa para que den explicaciones "ante los tribunales".

Los representantes de los partidos de los políticos suspendidos, Junts per Catalunya y ERC, aludieron a los derechos políticos y democráticos de los afectados. La posconvergente Marta Madrenas aseveró que "no permitirían una alternación del resultado en las urnas" y tampoco que haya "ciudadanos de primera y de segunda". Tachó el debate de una "gran trascendencia" porque el Parlament votó "si acepta o no las injerencias ilícitas a su autonomía" y cargó contra los naranjas por "amenazarles cuando defienden la inviolabilidad parlamentaria y dan cumplimiento al reglamento" de la Cámara. "Cuando se trata de atacar los símbolos de Catalunya siempre van por delante", remachó.

El republicano Gerard Gómez del Moral afirmó, con respecto al proceso judicial al 'procés',  que "no hay instrucción justa". "Se han inventado pruebas. El lunes, sin ir más lejos, decayó esa posible malversación de que se les acusa. Pero da igual. Estamos ante una causa general contra el independentismo para aplastar a un oponente político", aseveró, y añadió: "La realidad es tozuda: no son terroristas. Son gente de paz y democrática".

Suplicatorio de Barrionuevo

Del Moral, además, desempolvó un episodio poco glorioso de los socialistas. En 1995 el Tribunal Supremo pidió el permiso, el suplicatorio, para abrir el proceso judicial contra el exministro José Barrioinuevo por el ‘caso GAL’. El Congreso votó y desestimó dar el plácet.

La diputada del PSC Alícia Romero acusó, por su parte, a la bancada independentista de estar "engañando a la gente" porque, 'de facto', los diputados "ya están automáticamente suspendidos. Ni cobran ni votan. Están escenificando". Romero, al hilo de la bronca que Quim Torra y Roger Torrent recibieron el lunes, añadió: "Les pidieron que dijeran la verdad. Y ojalá ustedes se acogieran a ella, pero no lo desean. Basta ya de esta farsa".

En Comú Podem, que recibió las críticas de Ciutadans y PSC por permitir la votación y dar, así, cobertura a los independentistas, optó por el utilitarismo. "Se trata de desbloquear la situación y que pueda haber plenos", espetó Marta Ribas. Los ‘comuns’ mostraron, de un lado, empatía con la situación de los presos y auto-exiliados y, por el trato rcordaron que sus condiciones para salir del atolladero eran que la solución fuera efectiva y que no generara inseguridad jurídica. "Pedro Sánchez ha afirmado esta mañana en un tuit que la política debe volver al Parlament. Y esta es la forma de que vuelva la normalidad de los plenos" señaló Ribas.

Los anticapitalistas fueron muy tajantes contra el dictamen e indicaron su voto en contra porque el segundo punto supone "aceptar la acción represiva del Estado" y evidencia, a su juicio, una sustitución 'de facto'. El diputado Vidal Aragonés insistió en que Llarena "actúa como legislador" y defendió su voto como el "único que mantiene los derechos intactos" de los diputados procesados por rebelión.

Por su parte, los populares exigieron la dimisión del 'president' Quim Torra "por la dignidad del cargo institucional que él representa", debido a lo sucedido este lunes ante el Parlament.