Reclusos de la cárcel de jóvenes celebraron los atentados del 17-A al día siguiente de la matanza

Durante la mañana del 18 de agosto de 2017, en plena resaca tras los atentados de Catalunya, una docena de internos musulmanes del Centro Penitenciario de Jóvenes (de La Roca de Vallès, Barcelona) jalearon las imágenes de los ataques que estaban viendo en la televisión, relatan fuentes penitenciarias catalanas.

Se habían reunido ante el monitor a las ocho y media, tras desayunar, para ver las noticias. Y las siguieron con alborozo hasta la hora de comer. Dos hermanos marroquíes, Hassan y Houssein J., destacaron "haciendo gestos con las manos como si dispararan con un fusil", recuerdan estas fuentes. A los internos no musulmanes que había en la sala "les ponían un dedo en la sien y hacían como si les dispararan con una pistola".

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El centro consideró grave el suceso. Los dos presos, de 20 y 22 años, fueron castigados con 14 días de aislamiento en sus celdas, por coacción grave a otros internos (artículo 108.C del Reglamento Penitenciario).  Los hermanos fueron separados: el 24 de agosto, Houssein fue enviado a la prisión de Quatre Camins; Hassan está en el DERT (Departament Especial de Règim Tancat) de Brians II.

El oscuro prestigio de la Yihad anida en las prisiones catalanas, que no tienen programas específicos de desradicalización de integristas.

Ningún terrorista

De los 147 reclusos que en Catalunya cumplen condena en régimen cerrado (el más severo, la mayoría en las cárceles de Quatre Camins y Brians II), solo 17 están en los DERT. Ninguno de ese centenar y medio es un terrorista islámico.

En Catalunya, pese a ser una de las comunidades donde las  Fuerzas de Seguridad capturan más peones del DAESH, no hay un solo preso por terrorismo yihadista. Ninguna fuente penitenciaria consultada en una y otra orillas del Ebro explica por qué, más allá de que es aconsejable que los preventivos estén cerca del juez –que siempre es, por tratarse de terrorismo, de la Audiencia Nacional–, o de que a los condenados los destina el Ministerio del Interior una vez que ya tienen sentencia judicial, intentando no perder el control sobre ellos.

Pero el hecho de que no haya terroristas presos en Catalunya "no significa que no tengamos internos radicalizados: con 8.000 reclusos en nuestras cárceles, es cuestión de estadística", apunta desde Barcelona un experto vigilante, y denuncia: "La mayoría de trabajadores penitenciarios no tenemos herramientas suficientes para detectarlos. Solo jefes de unidad y mandos intermedios han recibido alguna formación especial, en la mayoría de los casos charlas de cinco horas".

El programa de desradicalización de yihadistas del Estado no existe en las 13 cárceles de la Generalitat. El sistema penitenciario catalán tiene el PRODERAI (Protocolo de Detección, Prevención e Intervención de Procesos de Radicalización) impulsado por el Departament d’Interior, que se ha desarrollado mucho más en las escuelas que entre rejas.

Pero sí hay funcionarios a los que se encarga una vigilancia especial. Son profesionales vinculados al todavía nuevo Protocol de Detecció i Control del Radicalisme Islamista als Centres Penitenciaris. La Generalitat lo estaba rediseñando precisamente el 17 de agosto de 2017, cuando Younes Abouyaqoub enfiló su furgoneta por La Rambla.

Por ese protocolo, según las estadísticas que maneja el Síndic de Greuges, 1.500 trabajadores de las cárceles catalanas han recibido alguna clase o charla de agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos y del Àrea d’Informació y Seguretat (AIS), de la Direcció de Serveis Penitenciaris que informa a los mossos de sospechosos o posibles confidentes.

Pero el encargo de vigilar consiste solo en eso, la orden. No hay incentivos económicos que aviven el interés. "Pensar en incentivos en Catalunya cuando aún nos deben dos pagas extra…", resume el veterano de Barcelona.

A los funcionarios, además, no les asisten traductores de árabe. A las fuentes consultadas no les consta que haya ninguno en nómina de Serveis Penitenciaris. Cuando un interno precisa traducción en juicio o visita de abogado, se recurre a una agencia de intérpretes barcelonesa. Para trámites burocráticos, le ayudan voluntarios de ONG. Pero, para la vigilancia cotidiana, los funcionarios deben tirar de presos de confianza, "ordenanzas", que les ayuden a entender de qué se habla en el módulo.