Comín y Serret rehúsan defenderse en el Supremo

Los 'exconsellers' Toni Comín y Meritxell Serret han optado por mantener su actitud de rebeldía ante el Tribunal Supremo y no darse por personados en la causa que se sigue contra los líderes del 'procés' por rebelión, malversación o desobediencia, pese a la providencia en la que el juez Pablo Llarena les daba por personados para notificarles el auto de procesamiento. Su estrategia de defensa es diametralmente opuesta a la del expresidente Carles Puigdemont, cuyo letrado, Jaume Alonso-Cuevillas, recurrió el procesamiento y asiste a las comparecencias fijadas en el alto tribunal.

En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, el abogado de los dos 'exconsellers', Gonzalo Boye, alega que sus clientes "no están personadas ni a disposición" del juez Llarena, "sino sometidas a la justicia belga", a la espera de que esta decida sobre la euroorden cursada para lograr su entrega. Sostiene que no se personará en el Supremo en tanto no se resuelva la reclamación europea y en función de su resultado.

En este sentido afirma que se debe ser "sumamente cauteloso", puesto que un tribunal ya ha decidido que no entregará a otro reclamado por un delito de rebelión que es inexistente, en referencia a Puigdemont, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "ha negado que se hubiera gastado dinero público en la celebración de la consulta del 1 de octubre", por "la efectiva intervención de la cuentas de Catalunya".

Vulneración de derechos

Según el escrito, se está tratando de considerarles personados en el alto tribunal por la vía de hecho de que se les "envían masivas notificaciones" desde que Llarena decidió "cambiar su criterio" y "de forma anómala" darles por personados, lo que vulnera el derecho de los dos 'exconsellers' y del propio letrado, porque se le "está compiliendo a realizar lo que no quiere, no debe y, más aún, lo que conforme a derecho no puede hacer". Añade que ello es una vulneración de los derechos de sus clientes y de él. Argumenta que el procedimiento está "viciado de nulidad, sino que además ha entrado en una deriva en la que ya ni tan siquiera se está respetando la libertad del letrado a la hora de adoptar decisiones técnicas" que solo le competen a él.