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PROCESAMIENTO

¿Por qué el juez Llarena ha sido implacable con los líderes del 'procés'?

Considera que, pese al procesamiento y el 155, el plan secesionista persiste, y que Turull y el resto de imputados pueden seguir el ejemplo de Rovira

Sostiene que los responsables de la deriva independentista "se tuvieron que representar que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse"

Ángeles Vázquez

Los procesados por el procés

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha sido implacable con los líderes del 'procés' que proclamaron la independencia de Catalunya. Sus razones están detenidamente explicadas en las 69 páginas del auto de procesamiento dictado contra 25 de los imputados por delitos de rebelión, malversación o desobediencia, y en las 10 del que envió a prisión al último candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull, sus compañeros en el Govern de Carles Puigdemont, Jordi Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La primera resolución, dictada "con la firmeza que deriva de una instrucción culminada en lo esencial", sitúa el inicio del proceso independentista en la firma, en diciembre del 2012, por Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras del 'Acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad del Govern de Catalunya'. Y da toda credibilidad al libro blanco presentado en septiembre del 2014. De él deduce que "no era la independencia la consecuencia de una falta de negociación con el Estado, sino el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso; primariamente, mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho".

Proceso larvado

Según el juez, en ese documento se "recoge la estrategia que se ha aplicado" y se "define el reparto de funciones" de los procesados para lograr la independencia, mediante "un ataque al Estado constitucional" de "una gravedad inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno". "Un ataque -prosigue- que puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que puede pretender servirse de un relevo en sus protagonistas".

Su "estrategia y funciones pueden no haberse interrumpido con la aplicación del 155 y -cada vez con mayor nitidez- parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas". El libro blanco contemplaba que si "la independencia no fuera consentida por el Estado, dado que la suspensión del autogobierno no podría tener carácter indefinido y mucho menos definitivo, la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal y manteniendo una movilización ciudadana que terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república".

En esa línea, el auto de prisión afirma que, aunque los citados habían comparecido a los requerimientos judiciales, ello no evitaría que dejaran de hacerlo si su voluntad cambiara, como ese mismo día había hecho la número dos de ERC, Marta Rovira. Y destaca que como entienden que no han perpetrado delito alguno "puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos". Perder su fianza tampoco sería obstáculo para huir, porque "no supondría un gravamen para su patrimonio", al proceder de una caja de solidaridad.

Violencia 

En cuanto a la violencia que exige el delito de rebelión, el auto de procesamiento enumera las lesiones sufridas por los agentes durante el 1-O y en los registros del 20 de septiembre. "Disturbios", "vandalismo", "asedio de hasta 60.000 personas", apelaciones "a la determinación mostrada en la guerra civil (¡No pasarán!)" y "violento levantamiento" son algunos de los sustantivos con los que describe lo ocurrido en la Conselleria de Economia.

El auto descarta que tuviera "un contenido exclusivamente intimidatorio", pues eso afecta a la capacidad de decisión y ahí se dio "el efecto inherente a la violencia, esto es, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire".

Los responsables del 'procés' "se tuvieron que representar que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse. Y la persistencia en su determinación criminal es muestra de su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir la secesión".

"Se decidió utilizar el poderío de la masa para, no solo que los resultados del referéndum permitieran proclamar la independencia, sino que el Estado se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse", concluye el magistrado para justificar la rebelión.

El juez del Supremo Pablo Llarena.

El juez del Supremo Pablo Llarena. / JUAN MANUEL PRATS

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