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CAUSA POR REBELIÓN

Puigdemont alega en su recurso ante el juez que no hubo violencia en el 'procés'

El expresidente de la Generalitat sostiene que se vulneró su derecho de defensa y niega que el TS sea competente para juzgarle

La fiscalía alemana se pronunciará a partir de este martes sobre la euroorden y sobre si el líder de JxCat debe seguir en prisión

Ángeles Vázquez

Puigdemont y Rajoy, en la entrevista que mantuvieron en la Moncloa en abril del 2016.

Puigdemont y Rajoy, en la entrevista que mantuvieron en la Moncloa en abril del 2016. / DAVID CASTRO

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) su procesamiento por rebelión y malversación, negando que hubiera violencia en el 'procés'. Su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, anunció este lunes en Twitter que lo había interpuesto, antes incluso de conocer que se admitía su personación para evitar que pudiera darse por firme la resolución en lo relativo al líder de JxCat y los 'exconsellers' Clara Ponsatí, actualmente en Escocia, y Lluís Puig, que sigue en Bélgica.

Como han hecho los otros 22 procesados por rebelión, desobediencia o malversación, la impugnación de Puigdemont niega la existencia de esos tres delitos y denuncia diversas vulneraciones de garantías procesales, como la falta de competencia del Supremo para juzgarles y no haberles permitido personarse hasta después del procesamiento. En la providencia en la que se permite por fin actuar a la defensa del 'expresident', de Ponsatí y Puig no se menciona a los otros dos huidos a Bélgica desde que la fiscalía se querelló contra el Govern, los 'exconsellers' Toni Comín y Meritxell Serret, cuyo abogado, Gonzalo Boye, solicitó hasta diciembre la personación. Según fuentes jurídicas, ninguno de los dos ha recurrido el auto del pasado 23 de marzo.

Actuaciones "aisladas"

En su recurso, Puigdemont alega que no existe rebelión, porque en el 'procés' no hubo "ningún tipo de violencia". Para argumentarlo, detalla la tramitación parlamentaria del Código Penal de 1995, en el que se establecieron los límites de este delito. Su conclusión es que "la promoción de un proceso independentista es plenamente admisible en el marco constitucional español, siempre que no sea mediante el uso de la violencia". "Y por violencia -añade- no cabe entender las manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causan daños" en ellas. Ello podría "a lo sumo", afirma, "implicar la comisión de desórdenes públicos y, siempre a cargo de quienes llevasen a cabo dichas conductas".

En cuanto a la malversación, el recurso se ampara en que "la causa ha sido declarada compleja y que las diligencias de instrucción no han, ni mucho menos, finalizado". De hecho, dos días antes de dictar el auto de procesamiento, el juez Pablo Llarena abrió una pieza separada que declaró secreta para profundizar en la investigación relativa al dinero público gastado. Por eso, para la defensa de Puigdemont "resulta muy prematuro" procesarle por este delito con meras referencias a "actuaciones genéricas y abstractas".

Además, el recurso reproduce declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que negaban que dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se hubiera utilizado para el referéndum ilegal.

Semana clave

Mientras tanto, en Alemania sigue adelante el procedimiento abierto por la euroorden cursada por España contra Puigdemont. La Fiscalía General de Schleswig Holstein analiza la documentación española y espera fijar su criterio sobre la entrega ante la Audiencia territorial, en cuyas manos está la decisión definitiva, a partir de este martes, según declaró a Efe el vicefiscal general, Ralph Döpper. Según fuentes jurídicas, si apoya la demanda española, también se pronunciará sobre la permanencia en prisión del 'expresident'.

Y a finales de esta semana concluirá el plazo de 10 días dado al tesorero de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Manuel Padrós, para poner a disposición de la justicia a la número dos de ERCMarta Rovira. De no hacerlo, el Estado se quedará con los 60.000 euros que la secretaria general de Esquerra había puesto como fianza.