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Protección de Datos advierte de multas de hasta 300.000 euros para las mesas del 1-O

La agencia estatal avisa a quienes usen el censo catalán para inscribir a los votantes

La Generalitat contesta que las competencias son de la Agència Catalana

El Periódico

Una mesa electoral.

Una mesa electoral. / REUTERS / MARTIN ACOSTA (REUTERS)

La Agencia Española de Protección de Datos ha advertido este viernes a quienes tengan pensado participar el próximo domingo en las mesas del referéndum soberanista del 1-O en Catalunya que podrían incurrir en una infracción sancionada con hasta 300.000 euros. Este órgano estatal cimienta su tesis en que la ley del referéndum fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional y en que los miembros de la Sindicatura Electoral también renunciaron, "dejando previamente sin efecto las resoluciones y los acuerdos adoptados". 

Pocas horas después, la Generalitat replicaba a través de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades: según su versión, la competencia está en manos de la administración catalana, por lo que "las eventuales responsabilidades" del tratamiento de los datos personales por los miembros de las mesas también se traspasaría a la administración electoral catalana.

A partir de esta interpretación, la Autoritat concluye que "en ningún caso se podrían imponer multas a las personas que forman parte de las mesas" y que, además, si hubiera que exigir responsabilidades, correspondería hacerlo a la agencia catalana, y no a la española.

La institución estatal lanza esta advertencia tras las consultas recibidas por parte de ciudadanos sobre su designación como miembros de las mesas del 1-O y por la posibilidad de que los integrantes de esas mesas tratasen y cediesen datos del censo electoral catalán.

Infracciones y sanciones

En cambio, según la argumentación estatal, las mesas no han llegado a formarse válidamente y por tanto los miembros de las mesas electorales no podrían tratar el censo electoral catalán, ni como personas físicas al cargo de la Generalitat de Carles Puigdemont ni como miembros de un órgano electoral.

Así pues, este uso (desde contabilizar quiénes han ejercido el sufragio y quiénes no a trasladar a una tercera parte esta lista individualizada) se estaría llevando a cabo a título particular: se realizaría en el propio nombre tratamientos de datos de más de 5,5 millones de personas (según datos de 2015) sin la legitimación necesaria. "El tratamiento y la cesión de datos sin consentimiento suponen una vulneración de los artículos 6 y 11 de la Ley de Protección de Datos (LOPD)", explica la Agencia Española. 

En el caso de que se produjeran estas infracciones -recuerda el organismo-, los miembros de las mesas podrían ser sancionados, con multas de 40.001 a 300.000 euros, según el artículo 45.2 de la LOPD". 

El conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, ha calificado de "mentira" la advertencia. "Es un intento de amenazar e intimidar, y de incorporar el miedo en el debate. Es un intento de espantar a la gente", ha lamentado.

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