El Govern eleva a "día nacional" el aniversario de la ejecución de Lluís Companys

Dentro de un mes, el 11 de noviembre, las solapas de toda Gran Bretaña se llenarán de ‘poppies’, pétalos de amapolas, recuerdo de las que crecen en los campos de Francia donde tantos y tantos británicos hallaron la muerte y fueron sepultados durante la primera guerra mundial. El 11 de noviembre es el aniversario del armisticio que acabó con la gran guerra. En Estados Unidos, el ‘Memorial Day’, el día de los caídos, se celebra el último lunes de mayo, más cercano al 8 de mayo, fecha de la rendición alemana en la segunda guerra mundial, aunque el origen del homenaje fuera la guerra civil americana. En la víspera del 12 de Octubre, día nacional de España, el Govern ha aprobado que el 15 de octubre, aniversario del fusilamiento del ‘president’ Lluís Companys a manos del franquismo, sea, a partir de ahora, “día nacional en memoria de las víctimas de la guerra civil y de la represión de la dictadura franquista”, según ha comunicado este martes la portavoz Neus Munté.

El acuerdo, que da cumplimiento a la ley del Memorial Democràtic que el Govern tripartito promovió en el 2007, tiene en cuenta, según el comunicado del Ejecutivo, “la pluralidad de memorias que deben ser reconocidas sin resentimientos”. Asimismo, se hace hincapié en que Companys fue “el único presidente elegido democráticamente en Europa occidental que ha sido ejecutado por el fascismo”.

CARTA A LA ONU

Y no solo eso. Ya metiéndose en la harina del enfrentamiento cada vez más enconado con el Estado, el Govern, según ha detallado la también ‘consellera’ de Presidència, ha remitido sendas cartas a la ONU y al Consejo de Europa, respondiendo a una resolución de la comisión de Justícia del Parlament, en la que se denuncia la "persecución" judicial de cargos electos catalanes por su apoyo a la declaración de inicio del proceso hacia la independencia, aprobada por la Cámara catalana el pasado 9 de noviembre y anulada luego por el Tribunal Constitucional

Y es que el Govern eleva el tono. En el fondo y en la forma. Por un lado, el Ejecutivo catalán ha aprobado una batería de medidas que seguro no serán del agrado del Gobierno central en funciones ni, incluso, de su espacio ideológico. Y por el otro, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha tildado de "ridícula" la reacción de la delegada del Gobierno en Catalunya, María de los Llanos de Luna, a cuenta de la conversión en laborable de la festividad del 12 de Octubre en las dependencias municipales de Badalona (iniciativa finalmente vetada por el juez). Además, ha calificado de "grotesco" al Tribunal Constitucional, una vez que este mismo martes se ha recibido en el Palau de la Generalitat y en el Parlament la notificación de la suspensión de las conclusiones de la comisión de estudio sobre el proceso constituyente.

En cuanto al referéndum, dos novedades. La firme decisión, expresada por Munté, de incluir en los presupuestos del 2017 que ahora se están negociando partidas específicas que permitan hacer frente "a todo aquello que el Govern se ha fijado como objetivo, como son la creación de las estructuras de Estado y el referéndum". La intención es manifiesta, será necesario ver si estas partidas se incluirán de manera camuflada o a pecho descubierto.

El otro punto es la aprobación del proyecto de ley del procedimiento de voto electrónico para garantizar el derecho a voto a los catalanes en el exterior. Una acción encaminada claramente a que en ese eventual referéndum la participación de los residentes en el exterior aumente por encima de esos 14.000 sobre 196.000 que pudieron ejercer su derecho a voto. "En el 27-S hubo muchas quejas de catalanes en el extranjero porque consideraron que se les había coartado un derecho fundamental".