Vía libre al Memorial Democràtic entre aspavientos de la derecha

Satisfacción y estupefacción. Estos fueron los sentimiento que veteranos resistentes antifranquistas tuvieron ayer en el Parlament al presenciar como el tripartito y CiU unían sus votos para sacar adelante la ley del Memorial Democràtic mientras el PP y Ciutadans la combatían con enmiendas a la totalidad y palabras muy duras, rayando la crispación.

A la espera de negociar enmiendas parciales y de que comparezcan en la Cámara las mismas entidades de fomento de la memoria histórica que arroparon de nuevo un proyecto decaído al final de la anterior legislatura, el conseller de Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, presentó la ley como la superación de "una asignatura pendiente".

POLÍTICA PÚBLICA DE MEMORIA

Tras casi tres décadas de democracia --y empantanada en el Congreso la ley de la memoria histórica del PSOE, que el PP rechaza y ERC e IU-ICV ven tibia--, el memorial catalán se convertirá en el primer organismo público y estable de toda España dedicado a conmemorar, recuperar y difundir la lucha antifranquista, por las libertades y la democracia. Nada que no exista ya, como recordó Saura, en países que "basan su democracia en los valores del antifascismo y el rechazo a toda forma de totalitarismo" como Alemania, Francia, Italia y, hace menos, Chile y Argentina.

El conseller y los portavoces de ICV-EUiA, Jaume Bosch, y PSC-Ciutadans pel Canvi, Josep Maria Balcells, pusieron énfasis en que "una política pública de la memoria democrática" no significa reescribir la historia, sino recuperarla para los jóvenes.

RESPETO PARA "TODAS LAS VÍCTIMAS"

La republicana Maria Mercè Roca pidió que ello incluya explicar el "genocidio cultural" contra Catalunya. Fuentes gubernamentales dieron por hecho enmiendas de la Entesa en este línea y un acuerdo con CiU.

Saura también remarcó que el Memorial asumirá a "todas las víctimas", incluso a las "de la retaguardia republicana". Pero el líder ecosocialista precisó que este reconocimiento no es trasladable a todas las ideologías. Saura destacó "la superioridad ética" y la legitimidad republicana "frente al alzamiento fascista". Y remató: "El franquismo no merece ningún respeto político ni moral".

No parecieron compartirlo ni el diputado del PP Jordi Montanya ni el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Aunque se escudaron en un rechazo formal a la ley y a que el Govern designe a la junta del Memorial y esgrimieron la tesis de que "la historia hay que dejarla para los historiadores" --argumentos que, en parte, utilizó el convergente Santi Vila--, Montanya y Rivera fueron muy duros.

DE LA INQUISICIÓN A ETA

"Esta ley pretende imponer el revisionismo histórico de un pasado ya superado", sentenció el portavoz del PP. Según Montanya, para "evitar sectarismos", ni el Parlament debe asumir "el rol de historiador, de inquisidor, de juez y parte" ni el Govern hacer un "uso político de la memoria".

Tras esgrimir pedigrí antifranquista para Ciutadans citando a Albert Boadella y a la eurodiputada socialista Rosa Díez, Rivera desbordó al PP. Dijo que su generación ha superado el franquismo, echó en falta en la ley menciones "al fascismo de ETA y Terra Lliure" y acabó descalificándola por ser un "instrumento del nacionalismo" que nada dice de "los totalitarismos nacionalistas".