Los otros líos de la familia

Eligio Hernández, fiscal general del Estado entre 1992 y 1994, acuñó la expresión «aromas de corrupción» para referirse a las constantes polémicas que acompañaron a la gestión de Jordi Pujol como president, sobre todo en forma de adjudicaciones públicas a empresas de sus hijos que siempre estuvieron bajo sospecha política y, en algún caso, fueron investigadas por la justicia, pero nunca acabaron en juicio. Ya en aquel entonces había un goteo de informaciones sobre los negocios y las actividades empresariales del clan Pujol al amparo y la influencia del poder que atesoraba el patriarca. Pero fue casi una década después del adiós político del fundador de CDC cuando ese efluvio se ha impregnado de indicios que están cercando judicialmente a la familia Pujol.

Esa presión de la justicia ha acabado por despojar al único hijo del expresident que hizo carrera política del cetro de su padre. Una vez imputado, Oriol Pujol anunciaba el pasado 16 de julio que renunciaba a todos sus cargos políticos para evitar que el caso ITV lastre aún más la imagen de CiU cara a la fase decisiva del órdago soberanista. El quinto de los siete hermanos Pujol está imputado por tráfico de influencias y cohecho como presunto «colaborador» en una supuesta trama que buscaba amañar concursos públicos para adjudicar estaciones de ITV.

Pinchazos reveladores

La Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya coinciden en la tesis de que Pujol utilizó su «peso político» para «dirigir y coordinar» esa trama a fin de lucrarse personalmente. Él, en cambio, mantiene que solo hizo gestiones políticas para mediar en el litigio abierto entre las empresas del sector, y que ninguna irregularidad se deduce de los pinchazos telefónicos, sobre los que pivotan las acusaciones en este caso.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria dio la puntilla a Oriol Pujol hace tan solo unos días. En un informe señalaba que su esposa, Anna Vidal, encubrió pagos de supuestas comisiones a su marido a través de la facturación de servicios inexistentes a una empresa de Sergi Alsina, un amigo del político que está encausado en el proceso. Y también se está investigando el cobro por parte de Vidal de 46.400 euros por trabajos de asesoría que los investigadores ponen en duda.

Más escandalosas aún son las cantidades que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los negocios del primogénito de la saga, Jordi Pujol Ferrusola, y el origen de los 32,4 millones de euros que desplazó entre el 2004 y el 2012 en 118 movimientos bancarios, algunos de ellos en dirección a paraísos fiscales.

Fue su examante María Victoria Álvarez quien hizo estallar el caso con su relato ante el juez de cómo Pujol hijo sacaba de Andorra hasta 400.000 euros en efectivo en una mochila llena de billetes de 500 y 200 euros. La investigación se extiende por 13 países. El magistrado indaga también cómo Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, desembolsaron en el 2012 más de 15,3 millones de euros en tan solo cinco días en diversas operaciones empresariales, según constan en las anotaciones de los registros mercantiles de Barcelona, Tarragona y Madrid.

La actividad empresarial de Jordi Pujol hijo comenzó en 1991, cuando se benefició de un contrato de unos 600.000 euros para alicatar paredes y suelos del aeropuerto de El Prat. La empresa adjudicataria tenía una filial cuya administradora única era su esposa.