La lectura de la sentencia da carpetazo al 'caso Malaya' de corrupción en Marbella

Marbella cerrará este viernes uno de los capítulos más turbios de su etapa reciente con la lectura de la sentencia por el denominado 'caso Malaya' de corrupción municipal y urbanística, que provocó la primera disolución de un consistorio en la historia de la democracia. La Audiencia de Málaga ha citado a las 11 horas a los 86 imputados, entre políticos, empresarios y abogados, con los que finalmente se cerró el proceso para darles a conocer un fallo que supera los 5.000 folios. Los acusados se enfrentan a 497 años de cárcel y multas de 3.800 millones de euros.

La lectura del fallo, que ha levantado una gran expectación mediática y para la que hay acreditados un centenar de medios de comunicación, se produce más de un año después de que el juicio quedara visto para sentencia tras 200 intensas sesiones, lo que lo convierte en uno de los procesos más largos de la judicatura española. Para no dilatar la lectura, fuentes judiciales han señalado que el tribunal se limitará a leer las condenas de cada uno de los imputados y, posteriormente, se les dará el fallo completo en soporte digital.

Cuantiosas penas

Desde que el caso saltara a la luz pública, numerosos imputados han pasado por la prisión de forma preventiva, o la han eludido mediante elevadas fianzas. A día de hoy solo permanecen encarcelados Juan Antonio Roca, el exasesor de Urbanismo considerado 'cerebro' de la trama y que cumple condena firme de seis años y diez meses por otro caso de corrupción municipal ('caso Saqueo'), y el exalcalde Julián Muñoz, que ingresó el pasado abril tras ser condenado a siete años por el 'caso Blanqueo', derivado de la operación Malaya y en el que fue juzgado junto a sus exparejas sentimentales Maite Zaldívar e Isabel Pantoja. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 30 y 10 años de prisión respectivamente, y una cuantiosa multa, de 810 millones, para Roca.

En el caso de los demás miembros de la corporación municipal, la mayor petición de pena se registra para el exteniente de alcalde Pedro Román, que se enfrenta a 21 años de cárcel, y la exalcaldesa Marisol Yagüe, que se enfrenta a 16 años de cárcel y una multa de 3,78 millones. La misma petición de prisión que se hace para el exconcejal y exjugador del Atlético de Madrid Tomás Reñones. Por su parte, la exconcejal Isabel García Marcos, que abandonó las filas socialistas para apoyar la polémica moción de censura que en el 2003 desbancó a Muñoz de la alcaldía se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel. Para los otros exediles imputados se piden entre ocho y diez años. En el caso de los abogados y los empresarios, en su mayoría vinculados a la construcción y acusados de cohecho y blanqueo, las penas oscilan entre los diez años y los seis meses.

Gesto inédito

La imagen de las fuerzas de seguridad irrumpiendo en el consistorio marbellí a finales de marzo del 2006 para investigar la corrupción municipal y urbanística ocupó portadas y telediarios de medio mundo. La corporación en pleno fue detenida, y el consejo de gobierno tuvo que disolver el ayuntamiento, un gesto inédito en democracia, y poner al frente a una gestora que se hizo cargo del día a día municipal hasta las elecciones del 2007.

La operación policial, la primera que se llevó a cabo contra la corrupción municipal, permitió desvelar cómo Roca, un simple asesor de Urbanismo llegado de la mano de Jesús Gil, se convirtió en el auténtico alcalde en la sombra de la ciudad, comprando voluntades de los cargos políticos para adjudicar servicios o controlar el urbanismo local en pleno auge de la burbuja del ladrillo. En apenas tres lustros amasó un patrimonio de 200 millones que asombró a propios y extraños en los registros policiales: carísimas obras de arte en los baños, animales disecados por doquier fruto de su amor por la caza y grandes propiedades urbanísticas a nombre de un complejo entramado empresarial diseñado con esmero en un conocido bufete de abogados.

Con iniciales

Roca registró todos los movimientos económicos de entrada y salida de dinero en la contabilidad de una de sus empresas, Maras, un documento que fue la pieza clave que permitió a los investigadores identificar a los donantes y beneficiarios de los sobornos y que los implicados han tratado de invalidar durante todo el proceso.