Juan Antonio Roca, el auténtico capo de Marbella

«No se mueve un papel o un ladrillo sin que lo sepa Roca». Una afirmación que en los años 90 se extendió por Marbella y que la investigación demostró certera. Sin el amparo de siglas políticas o el respaldo de las urnas, Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo, se erigió en el capo de la Costa del Sol y evidenció la incapacidad del sistema para controlar ciertos comportamientos. De la mano de Jesús Gil, Roca acumuló mucho poder. En las postrimerías del gilismo ya controlaba la ciudad, pero su momento de gloria llegó con la moción de censura del 2003 que, con maletines Vuitton por medio, derrocó a Julián Muñoz y aupó a Marisol Yagüe.

Él se convirtió en «el cajero y recaudador del Ayuntamiento», según se autodefinió en una entrevista, aunque el juez prefirió calificarle en el sumario como «el jefe de una organización para blanqueo de beneficios obtenidos de forma presuntamente delictiva» en el consistorio.

Un viejo sistema que le reportó una amplia fortuna hasta que saltaron las alarmas en el 2005, cuando el testimonio de un funcionario dio pie a la investigación. La policía ha podido acreditar que «el jefe» blanqueó 240 millones de euros, amasó una fortuna de 200 millones en una década y recibió otros 33 millones entre el 2001 y el 2006 de la treintena de empresarios implicados.

Todo apuntado

Su meticulosidad al apuntar los cohechos que recibía de empresarios, los sobres que pagaba a concejales y funcionarios o las gestiones con sus propiedades fue su talón de Aquiles. La policía usó esa contabilidad donde no aparecen nombres sino iniciales como pieza clave para implicar al resto de acusados, un argumento débil a decir de los abogados de los imputados. Roca espera el juicio en la prisión de Albolote alfabetizando a otros internos y, tras convertirse en el primer recluso por delito económico en agotar el máximo de prisión preventiva, cumple seis años de condena por el caso Saqueo (desvío de dinero municipal mediante una trama de facturas falsas).

La fiscalía le pide 30 años de prisión; el Ayuntamiento, 39, y la Junta de Andalucía, 40, pero su nueva defensa ¿el anterior letrado renunció

por falta de fondos¿ rechaza los cargos de blanqueo, prevaricación, malversación, fraude y cohecho, y dice que sus actuaciones urbanísticas

han sido avaladas por el nuevo plan.