Catalunya se opone a un tope global de 1,3% de déficit autonómico y a podar la administración

Catalunya, junto con Andalucía, Asturias y Canarias, han votado este jueves en contra de que las comunidades tengan que ajustarse a tope global de déficit del 1,3% del PIB este año. Solo han votado a favor del techo propuesto por el Gobierno las comunidades gobernadas por el PP, pese a que algunos de sus representantes han criticado a la entrada el reparto "desequilibrado" del déficit entre el Estado y las autonomías.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que lleva reunido desde las cinco de la tarde, ha aprobado además la senda de déficit para los próximos tres años. Así, en el 2014 las comunidades tendrán que bajar su déficit hasta el 1% el PIB; en el 2015, hasta el 0,7%; para finalizar en el 2016 en el 0,2% del PIB.

Asimismo el CPFF ha aprobado el techo de deuda para los próximos cuatro ejercicios. Este año se situará en el 19,1%, el año próximo en el 20%, en el 2015 en el 20,5% y en el 2016 en el 20,3% del PIB autonómico, según fuentes del ministerio de Hacienda.

El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha exigido a la entrada en la reunión que en la misma se fijara el tope de déficit diferenciado para cada una de ellas. Sin embargo, el llamado déficit asimétrico no está en la agenda de la reunión y no se decidirá hasta el próximo CPFF, que se celebrará antes de que finalice el mes de junio. Catalunya está pendiente de conocer definitivamente la cifra a la que debe ajustarse para elaborar los Presupuestos.

Una vez dentro, Mas Colell ha mostrado asimismo su disconformidad con la reforma de las administraciones públicas que plantea el Gobierno. Fuentes conocedoras del trascurso del encuentro han explicado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aclarado, al inicio de su intervención, que en el Consejo no se debatiría el informe para recortar la administración que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes.

Pese a ello, el conseller Mas-Colell ha querido tomar "inmediatamente" la palabra en la reunión para expresar su "discrepancia radical" con esta reforma, que, según ha dicho, es parte de la "deriva recentralizadora" del Gobierno español.