EL CONSISTORIO sospecha que OBTUVO INFORMACIÓN INTERNA
Girona declarará 'persona non grata' a la delegada del Gobierno
ElAyuntamiento de Girona parece decidido a ir a la guerra contra la máxima representante del Gobierno central en Catalunya,María de los Llanos de Luna. A propuesta de laCUPy con el apoyo del gobierno local deCiU, la capital gerundense declarará 'persona non grata' a Llanos de Luna en el próximo pleno municipal, por haberllevado a los tribunales la contratación de trenes por parte del consistorio para la manifestación de la Diada. El juez acabó tirando de las orejas a ambos contendientes por hacer un uso partidista del caso. Pero no solo se trata de que se declare 'persona non grata' a Llanos De Luna sino que el consistorio podría recurrir a lavía judicial para denunciar porprevaricación a la Delegación del Gobierno si se confirma que ha obtenidode forma ilícita información interna del consistorio sobre la contratación de los trenes para asistir a la manifestación del Onze de Setembre.
El equipo de gobierno municipal sospecha que la delegada pudo haber accedido a un borrador de acuerdo local sobre la contratación de los convoyes. Un borrador, que, según explicaron fuentes municipales, se identifica con un código alfa-numérico, a diferencia del texto que se hizo público y que estaba identificado con un código de barras.
Acceso a un texto interno
¿Cómo pudo disponer Llanos de Luna de ese borrador? Esa es la pregunta que se hace el grupo municipal deCiUy que ha trasladado ya formalmente a la Delegación del Gobierno para que aclare lo sucedido. El Ayuntamiento asegura que en el expediente que Llanos de Luna utilizó para denunciar judicialmente al consistorio incorporó ese borrador.
El juez sentenció que el consistorio se extralimitó en sus competencias, pero también acusó a la delegación de "malgastar" recusos judiciales en un caso que sabía que tendría "poca o nula" trascendencia jurídica. El juez impuso a ambas partes que costearan a partes iguales las costas del proceso.
El conflicto es una muestra más del choque institucional abierto entre la delegación con varios municipios de perfil soberanista, tanto por el uso exclusivo de la senyera como por la decisión de algunos ayuntamientos de declararse territorio catalán libre, como es el caso de Llançà, Celrà y Vidreres, contra los que ha presentado recurso. La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, propuso ayer suprimir la Delegación del Gobierno español porque parece que "no tiene otra ocupación que ir persiguiendo banderas".
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