Papanatismo institucional y clima de ilegalidad

Formalizada la imputación penal deIñaki Urdangarín,van conociéndose los hechos objeto de la acusación, que arrancan del desvío de fondos públicos en beneficio privado. Puesto que aún deben ser demostrados en un juicio, es aconsejable no pronunciarse sobre la veracidad o falsedad de los mismos, pero ello no impide que, a continuación, se disparen las valoraciones jurídicas, éticas o sociales que suscitan, lo que resulta no solo imparable, sino también admisible por su pertenencia a la libertad de expresión.

Pese a las cifras que se manejan y aunque resulte lamentable, lo más relevante no es que se retribuya a un personaje público desproporcionadamente respecto del valor objetivo de su trabajo. En épocas de bonanza económica hemos asistido al pago de enormes cantidades en atención al prestigio -real o supuesto- que aportan determinados nombres como valor añadido. Desde proyectos faraónicos no realizados por los que el arquitecto famoso cobra cifras escandalosas, hasta el pago a personajes del cotilleo por acudir a fiestas, con cantidades que superan ampliamente mi disminuido y congelado sueldo de catedrática. Cuando se trata de dinero público existen límites y procedimientos a seguir que, según el fiscal, aquí no se han seguido, pero también en casos de respeto al procedimiento se han producido despilfarros injustificables. A mi juicio, la mayor relevancia penal se sitúa en la supuesta utilización de medios engañosos (por ejemplo, facturas falsas) para ocultar las desmesuradas retribuciones y, desde luego, en caso de que lo haya, el fraude fiscal por eludirse el pago de impuestos.

Incomprensible Matas

Por otra parte, si el yerno del Rey ha podido lucrarse desmesuradamente en negocios como los que estos días se airean no es solo por el papanatismo de algunas instituciones frente al valor propagandístico de su nombre, sino también por el clima de ilegalidad y corrupción instalado en algunos ámbitos públicos. Como muestra, valga la declaración deJaume Matas, expresidente de Baleares y también imputado, para quien hubiera resultado incomprensible decirle a un yerno del Rey que se sometiera a un concurso público, cuando lo incomprensible es precisamente queMatas declare sin empacho queUrdangarínno debía someterse a la legalidad. Esa sensación de impunidad es la que normaliza conductas desviadas como si fueran adecuadas y quizá es la que llevó aUrdangarína proponer contratos al Gobierno tripartito catalán representado por unconsellerde Esquerra Republicana, lo que -de ser cierto- no dice mucho de su ojo clínico para seleccionar clientes.

Por último, pese al interés general del caso y la protección del derecho a la información, no sobra la habitual advertencia sobre los riesgos de los juicios paralelos, que van más allá de la información sobre los avatares procesales, proporcionando al público materiales de prueba (documentos etcétera) de indudable interés periodístico, pero que solo deberían ser valorados por los jueces en un juicio con todas las garantías.