El debate sobre el autogobierno

CiU tacha al TC de "separatista" y Zapatero evoca el pacto con Mas

Duran Lleida, ayer por la mañana al valorar el discurso de Zapatero.

Duran Lleida, ayer por la mañana al valorar el discurso de Zapatero.

ALBERT OLLÉS / Madrid

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Josep Antoni Duran Lleida llevó ayer al límite su discurso soberanista. Como estaba previsto, la combinación explosiva de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, el éxito de la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Barcelona y la precampaña electoral catalana endurecieron el tono crítico del portavoz de CiU en el Congreso.

Duran Lleida dedicó casi la mitad de su intervención al análisis de la sentencia del TC. Habló de 1714, de separatismo, de independencia y del derecho a decidir. De un fallo que marca un antes y un después del «problema español», y de una culpabilidad compartida por los magistrados, el PSOE y el PP. Lo hizo, eso sí, desde la advertencia y la prevención, pero dejó en el hemiciclo un aviso para navegantes sobre el futuro de los hasta ahora habituales apoyos parlamentarios de la federación: «Fuimos autores y actores de la Constitución. Hoy, la Constitución interpretada por el actual TC no es la que pactamos. Y eso limita, contra nuestro deseo, contra el mio propio, la capacidad de compromiso».

DECRETO DE NUEVA PLANTA / El líder de UDC destacó la «indignación» de los catalanes ante una «mala» sentencia dictada con «tardanza, provocación y torpeza», que se ha convertido en «el acto más separador de los últimos 35 años» y que «refuerza la opción independentista». Un fallo, aseguró, que recuerda la abolición de derechos en materia de justicia, lengua y financiación que se impuso a Catalunya tras la derrota de 1714, mediante el Decreto de Nueva Planta. Según Duran Lleida, con la sentencia «nacen nuevos tiempos que exigen nuevos comportamientos». Y en caso de que no se entienda así en Madrid, advirtió de que acabará consolidándose en Catalunya la idea cada día más extendida de que la independencia es la única solución.

Un alegato que bien podría haber suscrito ERC, lo que le obligó a matizar que su nacionalismo es «catalanista, hispanista, europeo y universal», como dijo en el siglo pasado el histórico líder de Unió, fusilado por las tropas franquistas en 1938, Manuel Carrasco i Formiguera.

El portavoz de la federación responsabilizó al PSOE y el PP de usar la sentencia para atacarse. Y en el caso concreto de los socialistas les afeó su «poco entusiasmo y compromiso» con el Estatut y una valoración de la sentencia en la que «no importa lo relevante de lo que se enmienda, sino la cantidad de lo enmendado».

ADMIRACIÓN / Como también era previsible, Zapatero buscó en su réplica, cual funambulista, mantener el equilibrio entre no romper puentes con su socio parlamentario preferente en el pasado, el presente y el futuro y, al mismo tiempo, lanzar guiños de complicidad al PSC. Ello se acabó concretando, por una parte, en expresiones de «admiración» hacia el sentimiento de identidad propia del pueblo catalán y de «comprensión» con su «inquietud e incertidumbre» tras el fallo del TC. Incluso dijo estar «afectado» por las dudas «injustas» de Duran Lleida sobre su compromiso en defensa del Estatut.

Puestos a buscar complicidades, el jefe del Ejecutivo reconoció que es «difícil» dar una explicación a los catalanes que votaron en referendo un Estatut que luego el Constitucional, «con más o menos alcance», «corrige, anula e interpreta». Zapatero dijo que las reglas están para respetarse, aunque generen «contradicciones aparentes». Fue entonces cuando cambió de careta y lanzó la puya que el PSC esperaba al recordar que, en todo caso, cuestiones como lanacióndel preámbulo o lossímbolos nacionaleslos pactó con el líder de CiU, Artur Mas, en aquel encuentro a espaldas del entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.

Zapatero consideró «de justicia» laresurreccióndel Estatut que había prometido en su discurso inaugural, mediante el impulso a la reforma de la ley del poder judicial. La financiación la dio por blindada tras el último pacto del modelo autonómico, y defendió que la condición de lengua vehicular del catalán dependa de las mayorías parlamentarias en Barcelona y Madrid.