Uso político de la justicia en la UE

El uso político del aparato judicial se ha convertido en un fenómeno recurrente en la Unión Europea (UE), lo que deteriora la ya baja credibilidad de los tribunales nacionales entre los ciudadanos de la mitad de sus estados. En Portugal, una sospechosa y desacreditada actuación de la fiscalía provocó la caída del Gobierno socialista. En España, el PP y Vox instrumentalizan también la justicia para derribar al Gobierno y cambiar el resultado de las urnas y una serie de jueces hacen todo lo posible para evitar el procesamiento de destacados dirigentes del PP por corrupción y emprenden a la menor oportunidad acciones judiciales contra partidos de izquierda, independentistas o contra políticos que aspiran a remunicipalizar el suministro de agua. El secretario general de los socialistas europeos, Giacomo Filibeck, ha acusado al Partido Popular Europeo (PPE) de recurrir a "tácticas fascistas" para llegar al poder.

En los estados del Este, la independencia judicial también es más teórica que real. En Polonia, el Gobierno de coalición de Donald Tusk aún no ha logrado recortar 'de facto' el control ultra sobre el aparato judicial. En Hungría, el sistema judicial sirve para proteger al régimen autocrático de Viktor Orbán y a sus empresarios fieles e intimidar a críticos y desleales. Y en toda la UE, los jueces se apresuran a aceptar demandas intimidatorias (SLAPP, en inglés) contra periodistas, activistas y organizaciones cívicas. La desconfianza sobre el sistema judicial nacional predomina entre los ciudadanos de España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, detalla el Eurobarómetro de la Comisión Europea de junio de 2023 en su anexo.

Portugal es el caso más reciente de cambio de Gobierno en la UE tras una intervención de la fiscalía general, que ha sido posteriormente criticada con dureza por los jueces por la falta de pruebas de cualquier delito. Esa intervención provocó la inmediata dimisión del primer ministro socialista, António Costa, que disponía de una mayoría absoluta en el Parlamento. La dimisión fue aprovechada por el presidente portugués, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, para convocar elecciones anticipadas, que en marzo dieron la victoria por dos diputados a la alianza conservadora del PSD y multiplicaron por cuatro los escaños del ultra Chega hasta los 50.

¿Por qué afloran las dudas sobre el caso que provocó la dimisión de António Costa en Portugal?

Litio e hidrógeno verde

La fiscal general de Portugal, Lucília Gago, se reunió con el presidente Rebelo de Sousa el 7 de noviembre al mismo tiempo que se efectuaban una serie de registros en la residencia oficial del primer ministro y varias sedes ministeriales por supuesta corrupción y tráfico de influencias en adjudicaciones para extraer litio, producir hidrógeno verde y construir un centro de datos. La fiscalía emitió un comunicado en el que, por decisión de la propia Gago, se indicaba que el Tribunal Supremo investigaba al primer ministro y daba a entender que Costa estaba involucrado en la corrupción, pero sin acusarle de nada concreto. Una semana después, con Costa dimitido y las elecciones convocadas, el juez instructor concluyó que los datos aportados por la fiscalía no demostraban en ningún caso la existencia de delitos de corrupción activa o pasiva de ningún acusado y se constató que se había confundido al primer ministro con su ministro de Economía, António Costa Silva, en la transcripción de unas conversaciones grabadas por la policía. Tras las elecciones y con un nuevo Gobierno conservador, el Tribunal de Apelación de Lisboa desmontó el 17 de abril todas las acusaciones de la fiscalía en una demoledora resolución de 366 páginas, en la que subraya que el único hecho concreto protagonizado por el primer ministro fue asistir a la presentación del proyecto de un centro de datos en 2021.

¿Qué es Manos Limpias y por qué denuncian a la mujer de Pedro Sánchez?

Ahora el PP intenta aplicar el ejemplo portugués en España con la ayuda del pseudosindicato ultra Manos Limpias para acosar judicialmente a la esposa del presidente del Gobierno. El excomisario Villarejo también urdió tramas al servicio del PP con informes policiales y actuaciones judiciales a partir de noticias al dictado en determinados medios. Curiosamente, el Tribunal Supremo absolvió el pasado marzo a Manos Limpias de la condena de 2021 de la Audiencia Nacional por extorsionar a bancos y empresas. El Tribunal Supremo se distingue por acumular correcciones del Tribunal de Justicia de la UE por primar los intereses de la banca sobre los derechos de sus clientes, así como reprobaciones del Tribunal de Derechos Humanos.

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