¿Por qué afloran las dudas sobre el caso que provocó la dimisión de António Costa en Portugal?

¿Se está desinflando el caso de corrupción que provocó, la semana pasada, la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa? Esta es la pregunta que se realizan cada vez más medios y ciudadanos del país vecino después de que hayan salido a la luz algunos errores en la investigación de la Fiscalía y de que el juez instructor haya decidido enmendar la plana al Ministerio Público y decretar la puesta en libertad de los cinco detenidos, así como rebajar la acusación al dejar fuera los delitos de corrupción y prevaricación. No obstante, la investigación por las adjudicaciones de proyectos de extracción de litio, de producción de hidrógeno verde y para construir un centro de datos en la localidad de Sines sigue abierta, por lo que el caso puede dar nuevos bandazos. A continuación, algunas claves que explican el desconcierto actual:

Operación Influencer

El 7 de noviembre, la operación Influencer provocó un fuerte terremoto político cuando salió a la luz que la policía había entrado en la residencia oficial de Costa y en otras dependencias del Gobierno, y que estaba investigando a su jefe de Gabinete, Vítor Escária, y a su padrino de boda, el consultor Diogo Lacerda Machado. Resultaron detenidos estos dos investigados junto al alcalde de Sines y dos administradores de la empresa impulsora del centro de datos, Smart Campus. Unas horas más tarde, el primer ministro luso presentó su dimisión aunque defendió no haber cometido delito alguno. A este cimbronazo se sumó el fin de semana la revelación de un grave error de la Fiscalía, que se equivocó al transcribir una de las escuchas y confundió al jefe del Ejecutivo con el ministro de Economía, que comparte el mismo nombre y primer apellido: António Costa Silva. Según el Ministerio Público, en la citada conversación se mencionaba al primer ministro, cuando era del titular de Economía de quiénes hablaban los investigados.

El pasado lunes, el juez instructor, Nuno Dias, decidió dejar libres a los cinco detenidos en la operación policial y consideró que los hechos que relataba la Fiscalía en su escrito no demostraban la existencia de los delitos de corrupción activa o pasiva ni de prevaricación en ningún caso ya que no se aportaban indicios de una "contraprestación por una conducta concreta". Mantuvo los delitos menores de tráfico de influencias y cohecho.

La Fiscalía, bajo la lupa

Las revelaciones sobre los errores e inconsistencias de la investigación del Ministerio Público han hecho sembrar las dudas en el país sobre el trabajo de los fiscales y surge la pregunta de si el primer ministro llegó a dimitir por nada. Algunos expertos señalan también precipitación a la hora de "interpretar las escuchas", como explica a la agencia Efe el abogado Pedro Falcao, al tiempo que apunta que hay que esperar porque pueden surgir nuevas pruebas. De hecho, esta semana se ha conocido que Costa y el consultor Lacerda Machado, contratado por Smart Campus, comieron en abril y en el almuerzo abordaron los problemas de vivienda que podrían surgir en Sines cuando estuviera en marcha el centro de datos, en el que se espera que trabajen 4.500 personas.

En los más de 40 registros que se realizaron durante la operación policial, los investigadores se incautaron de documentación que todavía debe ser analizada, por lo que no se puede descartar que se hallen nuevos indicios que apuntalen los delitos de corrupción descartados por el juez.

Las sospechas sobre Costa

La acusación sobre Costa es un misterio. En su escrito, la Fiscalía se limitó a informar de que varios sospechosos habían hablado de su supuesta implicación en el caso por "desbloquear procedimientos" y de que el Tribunal Supremo había abierto una investigación independiente de la que no ha trascendido nada.

Lo que sí se sabe es que el socialista decidió dar un paso atrás y que, según sus propias palabras, probablemente no volverá a ejercer ningún cargo público. De hecho, el partido está buscando recambio cara a las elecciones adelantadas fijadas para el próximo 10 de marzo por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

Costa pidió el pasado fin de semana "disculpas" a los portugueses y aseguró sentirse "avergonzado" y "traicionado" por su jefe de gabinete, a quien le hallaron 75.000 euros en sobres escondidos en cajas de vino y entre libros en su despacho.

La confianza en las instituciones, tocada

Independientemente del resultado, el proceso en marcha ya ha provocado un grave daño y ha tenido un impacto negativo en la opinión pública. "Este caso claramente agrava la falta de confianza en las instituciones porque estamos hablando no solo del Gobierno sino también del poder judicial, con varias incongruencias en la investigación", ha señalado a Efe la politóloga Isabel David.

Otros expertos, como el abogado Falcao, destacan que la Fiscalía debería haber sido "más cautelosa" teniendo en cuenta que el caso afectaba a personas próximas al primer ministro y la relevancia que iba a tener, como así ha sido, en la vida política nacional.

A este respecto, ha terciado este jueves el presidente del Parlamento luso, Augusto Santos Silva, quien ha avertido del riesgo de que la Fiscalía "determine el tiempo de los mandatos políticos". A su juicio, la decisión de Rebelo de Sousa de disolver la Cámara y convocar elecciones es legítima, pero "no es necesaria" cuando hay "una mayoría parlamentaria cohesionada y estable". En los comicios de 2022, los socialistas lograron una histórica mayoría absoluta.