António Costa dimite como primer ministro de Portugal tras ser investigado por corrupción

Un escándalo de corrupción ha hecho temblar este martes los cimientos del Gobierno de Portugal. El primer ministro, el socialdemócrata António Costa, ha presentado su dimisión tras hacerse pública una investigación en su contra por prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en la adjudicación de concesiones para la explotación de minas de litio y la producción de hidrógeno verde para crear energía limpia. En una intervención televisada, Costa ha defendido su inocencia y ha explicado que ha tomado esta decisión porque el cargo de primer ministro no es compatible con la "sospecha de la práctica de cualquier acto criminal".

Durante la mañana, la policía ha registrado su residencia oficial, así como otros 40 lugares en el marco de una operación conjunta con la Fiscalía lusa. "Hoy he sido sorprendido con que ya se ha abierto contra mí una causa criminal, obviamente estoy totalmente disponible para colaborar con la justicia en todo lo que entienda necesario para depurar toda la verdad sea de la materia que sea", ha dicho Costa antes de explicar que había presentado su dimisión al presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa. "Me marcho con la conciencia muy tranquila", ha añadido.

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Rebelo de Sousa ha aceptado la renuncia y ha convocado para este miércoles una reunión de los partidos con representación parlamentaria y otra del Consejo de Estado para el jueves, dos actos preceptivos según la Constitución antes de poder disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Costa no ha querido avanzar ni desmentir si será candidato. "El presidente de la República se dirigirá a la nación inmediatamente después de la reunión del Consejo de Estado", ha informado la presidencia en un comunicado.

Varias detenciones

Además de en la residencia oficial, la policía ha registrado los ministerios de Infraestructuras y de Ambiente y ha llevado a cabo varias detenciones ante el "riesgo de fuga" de los investigados. Entre los arrestados están el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária; el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos de sus administradores en la sociedad Start Campus, y un abogado. Según la Fiscalía, varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos".

Las mismas fuentes han informado que han sido declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del consejo directivo de la Agencia Portuguesa para la Protección del Ambiente.

En el origen de la investigación, que ha movilizado a unos 140 policías, estarían los proyectos de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte de Portugal, además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.

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En enero de 2021, el semanario 'Expresso' reveló que el Ministerio Público consideraba sospechosa una escucha telefónica interceptada al entonces ministro de Ambiente, Joao Matos Fernandes, en la que conversaba con Costa. La intervención se realizó por unas pesquisas sobre posibles irregularidades en el negocio del hidrógeno verde. Según el citado medio, el Tribunal Supremo admitió en aquel momento incluir la grabación en la investigación sobre un supuesto trato de favor del Gobierno socialista a empresas lusas. Sin embargo, en aquella conversación no se encontraron indicios de delito y en ella Costa y Matos Fernandes hablaban sobre las negociaciones en curso para definir la localización de un proyecto de hidrógeno verde, una refinería de litio, los posibles interesados en el negocio y la posibilidad de una colaboración con España.

El caso se abrió en 2019, según la revista 'Sábado', a raíz de una denuncia anónima que acusaba al Gobierno portugués de favorecer a empresas que integraban un consorcio para construir en Sines un proyecto industrial de hidrógeno verde. Entre estas compañías estaban EDP, la petrolera Galp y REN, que junto con la lusa Martifer y la danesa Vestas anunciaron que se habían unido en un consorcio para estudiar la creación de un clúster industrial.

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Reservas de litio

En el caso del litio, los investigadores han centrado sus pesquisas en la concesión a la firma Lusorecursos de la exploración de este mineral en la zona de Montalegre. Según 'Expresso', esta causa también se remonta a 2019, cuando el entonces secretario de Energía y actual ministro de Infraestructuras, Joao Galamba, dio autorización a la citada empresa para llevar a cabo el proyecto. CNN Portugal ha asegurado este martes que este proyecto, valorado en unos 380 millones de euros, fue concedido a Lusorecursos por un plazo de 50 años. Según la ley portuguesa, para que una empresa pueda ganar un concurso de exploración por 50 años debe de haber realizado una prospección previa, consa que no ocurrió en este caso, lo que levantó las sospechas.

Portugal cuenta con las mayores reservas de litio de Europa y es el mayor productor del continente, pero destina este metal a la industria cerámica y del vidrio. El litio es también un material indispensable en la fabricación de baterías eléctricas y es esencial para la denominada transición verde. Las explotaciones mineras lusas cuentan con la oposición de las oenegés ambientalistas, así como de parte de la población local.