Aquella deuda autonómica

Avanza el mes de febrero y no parece que también lo estén haciendo las conversaciones de Hacienda con las comunidades para la condonación parcial de deuda autonómica. Dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en febrero se iban a iniciar las reuniones con cada una de las comunidades autónomas de régimen común para negociar la aplicación en cada territorio de la condonación de 15.000 millones de deuda ya acordada para Catalunya, pero aún no se han movido las fichas.

El Estado perdonará a Catalunya un tercio de la deuda que acumuló en la crisis financiera

El propósito del Gobierno es extender el acuerdo con Catalunya al resto de comunidades tomando como punto de referencia la mayor deuda que tuvieron que asumir las autonomías durante la anterior crisis económica y financiera, en el periodo entre 2007 y 2014. Casi la mitad (el 44,5%) de la deuda pública que a día de hoy acumulan las comunidades procede de aquel periodo en el que el desplome de los ingresos y los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy empujaron a las autonomías a triplicar su endeudamiento y a tener que acogerse, en la mayoría de los casos, al rescate que les brindó Hacienda a través del llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En algunos casos, como el País Vasco o Murcia, la deuda se multiplicó por más de 10 veces en ese periodo. En Catalunya se multiplicó por 4 y en Madrid, por algo más de 2 veces.

Cabe pensar que tras las elecciones en Galicia de este 18-F, Hacienda y responsables de las comunidades se pondrán manos a la obra para negociar el alcance de una condonación de deuda sobre la que los barones del PP -que encabezan 11 gobiernos autonómicos y participan en un total de 14 de ellos- no acaban de decir claramente qué piensan. Se trata de una cuestión muy incómoda para el PP. El partido de Feijóo no parece encontrar la manera de aceptar una medida de alivio para las finanzas autonómicas sin que ello suponga, al mismo tiempo, otorgar un tanto a Pedro Sánchez. La madrileña Ayuso es quien más claro se ha pronunciado. Y lo ha hecho sin preguntar a los madrileños qué les parece que su gobierno regional renuncie a unos ingresos que permitirían mejorar los servicios públicos que presta la comunidad.