Las tarifas del transporte público

Después de tres años de tarifas congeladas la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprobado las tarifas del transporte público para 2024 estableciendo un incremente medio del 6,75%. Está previsto que algunos títulos como la T-Usual, la T-Jove así como los destinados a las familias monoparentales y numerosas conserven la bonificación del 20% de la propia ATM. Sin embargo, el precio definitivo dependerá de un decreto del Gobierno central que debe determinar si se mantiene o no la bonificación estatal (lo que elevaría el descuento total hasta el 50% para determinados títulos), puesto que el nuevo ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha abierto la puerta a la retirada de las ayudas en un horizonte no muy lejano.

Estas ayudas fueron aprobadas en septiembre de 2022 en un contexto pospandemia marcado por el descenso del número de usuarios del transporte público, circunstancia que coincidió, además, con el fin de las concesiones de numerosos peajes y fue una medida que se proponía luchar contra la inflación, contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y que, por medio de la promoción del transporte público, buscaba reducir la dependencia energética y el consumo de combustibles fósiles. Este último objetivo ha sido nuevamente proclamado por la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28, en cuya declaración final se anuncia el principio del fin de la era regida por ese tipo de combustible, lo cual resulta coherente con la promoción del transporte público y el mantenimiento de las subvenciones puede contribuir a ello.  

Sin embargo, la continuidad de estas medidas plantea al menos tres interrogantes. El primero tiene que ver con la tendencia a la pérdida de valor otorgado por la ciudadanía a los servicios cuyo coste es percibido como cero a pesar de no serlo, ya que es financiado vía impuestos aunque no implique un desembolso inmediato por parte de los usuarios. El segundo se vincula a cuán de regresivas pueden resultar las subvenciones que no discriminan a los beneficiarios por nivel de renta, aunque puedan contemplar correcciones en función de situaciones personales, como por ejemplo sucede con las familias numerosas o monoparentales. 

Y, por último, está la cuestión de hasta qué punto va a ser compatible a medio y largo plazo el mantenimiento de este y otros estímulos tras la desactivación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ha permitido, desde la pandemia, congelar las reglas de déficit y de deuda pública, y con el acuerdo alcanzado esta semana por los ministros de Economía y Finanzas de la UE que exigen la reducción del déficit y la deuda, a pesar de conceder margen y flexibilidad a los gobiernos para que decidan cómo hacerlo. España, con una deuda que supera el 100% del PIB y con un déficit público estimado en el 3,2% para 2024 por parte de Bruselas, deberá emprender severos ajustes si quiere ceñirse al criterio de deuda del 60 % del PIB y al criterio de déficit del 3% previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A corto plazo, parece difícil que Barcelona y otras ciudades en España puedan emular a Montpellier, que acaba de decretar para su medio millón de habitantes la gratuidad del transporte público en el marco de otro compromiso europeo, el del Green New Deal. Aquí cumplir los dos parece incompatible.