Chile, 50 años después

Medio siglo después del golpe de Estado en Chile contra el Gobierno legítimo del presidente Salvador Allende que dio paso a una dictadura militar que se prolongó durante 17 años, el auge de la extrema derecha y el desinterés por el pasado de una parte de la opinión pública han hecho posible el arraigo de algo peor que un cierto relativismo moral y político referido a la asonada del 11 de septiembre de 1973. Cerca del 40% de los chilenos cree hoy que el principal responsable del cuartelazo encabezado por Augusto Pinochet no fue otro que Allende; el líder ultra José Antonio Kast marca los tiempos políticos y el conglomerado conservador Chile Vamos comparte con él la idea de que no es posible una conmemoración unitaria de la quiebra institucional, el bombardeo de La Moneda y la muerte de Allende, argumentando que el Gobierno progresista de Gabriel Boric ha optado por dar un enfoque partidista a la efeméride. En cambio suma adeptos el revisionismo histórico, aquel que pretende legitimar el golpe con los errores –reales algunos, más que dudosos otros– cometidos por el Gobierno de Unidad Popular.

Lo cierto es que la tragedia vivida en Chile fue y probablemente aún es una de las grandes causas éticas de la izquierda y de la cultura democrática. No solo porque los uniformados liquidaron un Gobierno que había ganado limpiamente en las urnas el derecho a gestionar el poder, sino porque cuanto siguió al golpe consagró un desprecio absoluto por los derechos humanos e impuso un modelo económico ultraliberal ajeno a la equidad y a la cohesión social. Chile, al igual que Argentina tres años más tarde, pasó a ser la referencia ominosa de lo que en su día fue descrito como la institucionalización del mal.

La pretensión de ahora de blanquear aquel mal, de forzar un relato deformado de los hechos, de soslayar la responsabilidad directa de Estados Unidos en el golpe, remueve las conciencias y alerta sobre los riesgos que corre la cultura democrática en demasiados lugares. Entre ellos, la amenaza de la fractura social en entornos como el chileno, castigado por una situación económica preocupante y propicio para la extrema derecha, para sacar partido inmediato de la debilidad del presidente Boric, con solo el 28% de aceptación, y orientar el proyecto de nueva Constitución hacia un modelo presidencialista autoritario. Una suerte de vendetta después del fiasco de la convención constitucional de 2022, que redactó un texto, demasiado radical y peor explicado, que fue derrotado en las urnas con el 60% de votos en contra. Ahora la respuesta es un desafío ultraconservador inspirado en la Constitución heredada de la dictadura.

«Mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor», proclamó el presidente Allende el mismo día del golpe en su último mensaje radiado. Esas palabras resonaron durante decenios en la memoria de quienes vivieron la tragedia y de cuantos se solidarizaron con las víctimas del oprobio. Un necesario ejercicio de decencia colectiva invita a no olvidarlas y a desacreditar los argumentos de cuantos se empeñan en justificar la dictadura de Pinochet como algo inevitable y sus consecuencias como algo banal, como si la represión, la Caravana de la Muerte y el exilio nunca hubiesen existido.