El catalán y las minorías

Hace un año, después de que el TSJC obligase a que el 25% de las clases fuesen impartidas en castellano, el Parlament de Catalunya por amplia mayoría, 102 diputados interbloques (ERC, Junts, PSC y Comuns) frente a 33 diputados también interbloques (Ciudadanos, Vox, PP y CUP) aprobó la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales. En ella se mantenía el catalán como lengua normalmente empleada como vehicular para el aprendizaje mientras que el uso del castellano pasaba a depender de los proyectos lingüísticos de cada centro, lo cual daba pie a la existencia de asimetrías derivadas del reconocimiento de la enorme pluralidad de situaciones lingüísticas existentes en Catalunya y a la necesidad de adaptar el uso de las lenguas oficiales a la naturaleza de los centros y de sus entornos aunque siempre atendiendo a criterios pedagógicos. Esta ley, sin embargo, no fue consensual, de modo que la cuestión lingüística ha seguido judicializada porque algunas familias, con apoyos y detractores partidistas, han seguido apelando a sus derechos para que sus hijos reciban más clases en castellano. 

El TSJC califica de "inconstitucional" la norma catalana sobre lenguas al confirmar el 25% de castellano en tres aulas

Como consecuencia de tres de estos casos TSJC se ha pronunciado recordando que hay que respetar la cooficialidad de las lenguas y el derecho de los alumnos a recibir un mínimo de enseñanza en castellano, ha considerado para esos casos que la presencia del castellano era insuficiente y que debería realizarse al menos una asignatura troncal no lingüística en castellano, además de la castellano, y ha argumentado que la inmersión lingüística solo sería aplicable si existiese la opción de dos regímenes lingüísticos pero no es un sistema único como el catalán. Y aunque esta consideración no afecta al conjunto del sistema educativo catalán sino solo a los centros objeto de la sentencia supone una impugnación al modelo vigente de consecuencias imprevisibles. 

El Govern exigirá el C2 de catalán y el B2 de lengua extranjera para opositar a profesor

Por ello la ‘consellera’ de Educació, Anna Simó, ha considerado que el TSJC se excedía en sus funciones, que las sentencias van en contra del marco legal catalán y ha avanzado que serían recurridas. Y justo en paralelo ha presentado un Plan de Fomento de la Lengua Catalana que incluye medidas como la mejora de la competencia lingüística del profesorado (se le exigirá el nivel C2), la creación de plataformas audiovisuales, el incremento de los recursos para la acogida de los alumnos recién llegados así como cursos de catalán para las familias. El plan, a su vez, pretende aportar seguridad jurídica a los centros educativos, de tal modo que la responsabilidad de los proyectos lingüísticos de centro recaigan en el Departament y no en la dirección, lo que supone proteger a ese personal frente a futuras demandas. La respuesta no se ha hecho esperar y la plataforma Escuela de Todos considera que este plan es un ataque a la convivencia y que consagra la exclusión del castellano en la escuela que es lengua materna de muchos catalanes.

Numerosos estudios apuntan que el catalán está en retroceso y como lengua minorizada debe ser protegida. Pero esta protección no debe hacerse a costa de los derechos de las minorías. Al fin y al cabo el respeto a las minorías, sean cuales sean, es un fundamento de la democracia. Y es justo ahí donde hay que buscar los consensos.