Garantizar el derecho al voto

La convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio, en plena canícula y en uno de los meses preferidos por muchos españoles para irse de vacaciones, ha disparado la petición del voto por correo. Los datos, aún provisionales, sitúan en más de 2,5 millones el número de personas que ejercerán de ese modo su derecho a elegir a quien quieren que les gobierne en la próxima legislatura. Una cifra muy elevada que el servicio de Correos, con parte del personal también de vacaciones, tiene que administrar con eficacia para que ninguno de los electores que hayan optado por ese tipo de sufragio se quede sin la posibilidad de hacerlo. De hecho, muchos trabajadores de Correos, un 30%, han pospuesto voluntariamente sus vacaciones, se han contratado a cerca de 20.000 nuevos empleados y se han prolongado las jornadas laborales únicamente para facilitar el proceso de votación. 

El voto por correo se ha venido utilizando en las diversas elecciones en nuestro país desde que se recuperó la democracia sin que haya habido problema alguno. En las elecciones del 28M ya hubo más de dos millones de peticiones, lo que no alteró el procedimiento, salvo por incidencias menores de supuesta compra de votos en pequeños municipios. En esta ocasión son seguramente muchas más las personas que ante la inminencia de sus vacaciones tienen la incertidumbre de si las papeletas les llegarán a su domicilio antes de que emprendan viaje. Pero muchos ya las están recibiendo e incluso han depositado ya su voto. Pero aún quedan otros muchos por hacerlo. 

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Es responsabilidad de Correos garantizar que lo podrán hacer, y es al Gobierno a quien le corresponde velar para que ese compromiso se cumpla en tiempo y forma. Si votar es un derecho/deber cívico, lo es más aún asegurar que todo aquel que quiera emitir su voto pueda hacerlo y que además lo haga convencido de la limpieza del proceso. Porque la confianza ciudadana en el sistema electoral es una de las bases fundamentales de la democracia. Si los electores sospechan, o creen que tienen alguna razón para hacerlo, de que alguien puede interferir en el ejercicio de su derecho al voto o en el recuento, el sistema democrático quedará fatalmente devaluado. Y bastantes son ya las amenazas que se ciernen sobre las democracias con el avance de los populismos y los partidos de ultraderecha como para añadirle más leña al fuego.

¿Puede Correos con tanto voto por correo?

Ahora bien, es también obligación de la oposición y, particularmente, de un partido de Estado como es el PP, que podría estar gobernando en unos meses, no sembrar dudas sobre la pulcritud con que se desarrolla el proceso electoral en España. Más aún, si las insinuaciones se realizan en un mitin, sin matices, y se repiten después en sucesivas intervenciones en los medios. Es cierto que los empleados de Correos temen quedar desbordados, y así lo han expresado algunos dirigentes sindicales, pero no se deben confundir las reivindicaciones laborales de unos trabajadores con la deslegitimación del proceso electoral. La salud de nuestra democracia es un asunto demasiado serio como para que se utilice en la contienda electoral y por ello debería ser objeto del consenso de todos los partidos. Especialmente, de los dos grandes.