Director de EL PERIÓDICO
Albert Sáez
Director de EL PERIÓDICO
Soy periodista. Ahora en EL PERIÓDICO. También doy clases en la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Albert Sáez
Puigdemont-Junts, ¿Y ahora qué?
La decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la inmunidad de Carles Puigdemont no es definitiva, pero casi, como explica el profesor Jordi Nieva. La activación de la euroorden por parte del juez Pablo Llarena, según adelanta Ángeles Vázquez, la puede convertir en irreversible y, de momento, empujar al expresident a desplazarse a Suiza, más alejado de Catalunya y de la política catalana al no poder ejercer de eurodiputado en la práctica ni recibir su retribución. El camino emprendido por Puigdemont y Comín, Ponsatí va por libre, es el que supone un coste personal más alto para los implicados en el 1-O. Otros, de uno u otro signo político, ya han saldado buena parte de sus cuentas con la justicia y viven con sus familias, aunque con algunos derechos políticos en suspensión. Humanamente, incluso desde la discrepancia, se puede entender que Puigdemont no quiera que su causa se olvide porque si hizo lo que hizo fue como representante de un espacio político. Algunos de los que ahora le apoyan incondicionalmente son los que le pidieron en su momento que no convocara elecciones para evitar la aplicación del 155. No quieren, no pueden y, seguramente, no deben dejarlo tirado a su suerte judicial que se augura larga, con una primera parada en el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, a muy largo plazo, un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero Junts debe hacerse una pregunta y hacérsela también a Puigdemont, ¿pueden quedarse fuera de la política mientras discurre ese periplo judicial?
El revés judicial se conoció el mismo día que el PSC y Comuns cerraban el pacto para gobernar la Diputación de Barcelona. Un acuerdo para el que Salvador Illa ha esperado hasta el último momento que Junts reconsiderara su negativa a firmarlo y reeditar el de la legislatura pasada. La decisión supone perder recursos por valor de unos 2 millones de euros. Las defensas jurídicas de los dirigentes de Junts costaron el año pasado 800.000 euros. Junts no es sostenible. Ni políticamente ni económicamente mientras la comprensible solidaridad con la persona de Puigdemont les impida regresar a la lógica de un partido. El anhelo de derrotar y aplastar a sus adversarios (a los que consideran traidores) el día que Puigdemont vuelva hipotéticamente triunfante les impide ver ahora el bosque en el que andan perdidos.
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