Opinión |
24 concejales de izquierdas

No es solo aritmética

La ciudadanía ha otorgado la posibilidad de revalidar una mayoría de las fuerzas progresistas de la ciudad. Y Barcelona puede y tiene que seguir siendo el laboratorio más avanzado de las políticas para las mayorías sociales

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, atiende a los medios junto al presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, a su llegada el acto de la plataforma SUMAR

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, atiende a los medios junto al presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, a su llegada el acto de la plataforma SUMAR / EUROPA PRESS

Paola Lo Cascio

Paola Lo Cascio

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Falta prácticamente una semana para la elección de los alcaldes y las alcaldesas de los ayuntamientos de toda España. A nadie se le escapa que las negociaciones y los pactos esta vez más que nunca -al menos en las ciudades grandes-, se entremezclan con la súbita convocatoria para las elecciones al Congreso del próximo mes.

En cierta manera esto es inevitable, e incluso comprensible. En realidad, las dos cosas están conectadas. El país entero se enfrenta a la disyuntiva de seguir con políticas de progreso o bien dar entrada a la derecha -en sus múltiples y cambiantes versiones, pero todas cada vez más radicalizadas-, en la gobernación de la cosa pública. Y esto vale tanto para ayuntamientos, como para comunidades autónomas, como, en definitiva, para el gobierno central.

En este marco, el caso de Barcelona es paradigmático. Pese a todas las dificultades, la experiencia de los gobiernos de progreso en nuestra ciudad en los últimos ocho años -en los cuales, con diferentes fórmulas han participado tanto Comuns, como el PSC como también ERC- ha marcado un antes y un después: en términos de políticas sociales, de vivienda, de ambición para atajar la emergencia climática, de racionalización del turismo, de reorientación urbanística con el objetivo de humanizar nuestras plazas y nuestras calles, de protagonismo a nivel internacional. Hoy Barcelona es una ciudad en donde el paro ha bajado de manera significativa (más de un punto con respecto a antes de la pandemia, situándose por debajo del 7%), en donde fijan su sede e invierten empresas de alto valor añadido, en las que se inspiran otras ciudades europeas para plantear sus políticas de gestión.

Ciertamente, esto no es neutro: es evidente que se ha gobernado con unos objetivos políticos claros -ensanchar lo público y lo común, avanzar en derechos de ciudadanía- y atendiendo a los intereses de los sectores menos poderosos desde un punto de vista socioeconómico. Basta con mirar los resultados del 28M en Barcelona para saber que los sectores pudientes económicamente y conservadores políticamente, se han movilizado en torno a la candidatura de Trias. Y ahora la disposición del PP de Daniel Sirera a facilitar que el convergente sea alcalde despeja dudas. El eje fundamental de la negociación es derecha o izquierda. Hay poco, o nada más. 

Por todo ello, que las izquierdas sumen 24 concejales frente a los 11 del nacionalismo conservador de Trias no es solo una cuestión aritmética, sino una cuestión política de primer orden. La ciudadanía ha otorgado la posibilidad de revalidar una mayoría de las fuerzas progresistas de la ciudad. Y Barcelona puede y tiene que seguir siendo el laboratorio más avanzado de las políticas para las mayorías sociales. Para las personas que vivimos en ella. Y también para el conjunto de la ciudadanía española, toda vez que de aquí a poco más de un mes nos enfrentamos a un desafío democrático de envergadura.

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