Taxis, VTC y competencia

La decisión del Govern de la Generalitat de liberalizar durante 10 días las VTC, a propósito de la celebración del Mobile, y después de que el sector del taxi haya decidido no convocar movilizaciones durante los días del evento, constituye una tregua en la lucha que enfrenta al sector del taxi y las VTC. La medida se justifica por la necesidad de atender una altísima demanda en un momento en que la oferta sería claramente insuficiente como consecuencia de la aplicación del decreto de la Generalitat que, desde el 1 de enero, obliga a las VTC a disponer de una licencia del Instituto Metropolitano del Taxi. De momento no se han expedido ni 350 y casi el doble están pendientes de resolución.

Sin embargo, esta liberalización transitoria es un reconocimiento en toda regla de algo que la propia Autoritat Catalana de la Competència ya puso de manifiesto cuando se aprobó el decreto de la Generalitat: que la normativa es contraria a la competencia y que persiste la ineficiencia reguladora. En este mismo sentido cabe interpretar la decisión del Tribunal Supremo, hecha pública el pasado viernes, de desestimar los recursos presentados por el Gobierno Vasco y por algunas asociaciones del sector del taxi contra la sentencia que anulaba algunos puntos del decreto autonómico que trataba de frenar la extensión de los VTC, como la geolocalización por medio de aplicaciones o la exigencia de una antelación mínima de 30 minutos. Esa sentencia considera que ambas disposiciones limitan de forma excesiva y desproporcionada el acceso al mercado de los titulares de las licencias de VTC, algo que las propias VTC han denunciado ante la Comisión Europea.

En el fondo, lo que está en juego es la existencia de libre competencia en el mercado del transporte de viajeros en el ámbito urbano e interurbano, una libre competencia que debe redundar en beneficios para el consumidor en términos de tarifas competitivas y calidad del servicio. No obstante, la inevitable entrada de nuevos operadores que compitan con el taxi no debe hacerse, como hasta ahora, de manera desleal por parte de los recién llegados, las VTC, o defensivamente, como han hecho las administraciones ante la presión de los taxistas por medio de un marco regulatorio descompensado que les dificulta la entrada. La competencia ha de ser leal: ni el taxi debe competir en condiciones de inferioridad cumpliendo unos requisitos de servicio público que no afectan a las VTC ni estas han de ver dificultado su acceso a la actividad con condiciones leoninas.

Esta es una batalla que no solo se libra en Barcelona sino que tiene una dimensión global, con lecciones a extraer de algunas de las experiencias más allá de nuestras fronteras, como es el caso de Nueva York. Y a su vez, tiene una dimensión local que pasa por garantizar un periodo transitorio que no penalice a aquellos que tomaron decisiones con unas determinadas reglas del juego (o en ausencia de ellas, es decir, a los taxistas que adquirieron licencias a precios desorbitados concebidas como un patrimonio de cara a la jubilación). Porque, al fin y al cabo, la libre competencia no debe circunscribirse a los beneficios de los consumidores, sino que también los obtengan en forma de derechos los proveedores de servicios.