El taxi se revuelve ante una posible liberalización de Uber en Catalunya

"Muchas gracias y seguro que nos vemos pronto por aquí". Así se ha despedido este mediodía, con su punto gamberro habitual, el líder moral del taxi metropolitano de Barcelona, Tito Álvarez, tras comparecer en el atril de prensa del Parlament de Catalunya. Junto a otros representantes del sector, se ha reunido con casi todos los grupos de la Cámara -menos con VOX: "Nosotros no nos vemos con fascistas"- para convencerles de la necesidad de contener las licencias de VTC, activas gracias a la moratoria de cuatro años incluida en un real-decreto del Gobierno y que caduca a finales de septiembre, momento en el que la Generalitat, si lo estima oportuno, podría decidir mantenerlas o potenciarlas porque tiene transferidas las competencias a tal efecto. Este miércoles han vuelto a parar la capital catalana (900 taxis, según la Urbana, 4.000, según el gremio) y ese socarrón "seguro que nos vemos pronto por aquí" es un 'spoiler' de lo que está por venir si el Govern de Pere Aragonès no se pone de su lado y evita que empresas como Uber operen a lo grande en la ciudad.

Entender este lío no es nada fácil. Los propios taxistas, los consultados durante la mañana, se enredan entre lo que puede decidir el ministerio o la 'conselleria' de turno. Entre lo que es un decreto y una ley. O entre la ley que ahora está en debate o el decreto que el propio Govern aprobó en enero de 2019, esa norma catalana que imponía a las VTC una preserva de 15 minutos y que ya fue la puntilla a Uber, que se marchó poco después. Ese cuarto de hora, de hecho, y para blindarlo un poco más, el sector quiere se incluya en la regulación autonómica que pueda redactarse tras la moratoria.

Los taxis colapsan Barcelona

El decreto de Ábalos

Para intentar poner el balón en el suelo, lo que está sobre la mesa es perpetuar (o incluso ampliar) el papel de las licencias de vehículos con conductor en las ciudades. Es decir, en 2018, el ministro José Luis Ábalos modificó el artículo 91 de la ley de ordenación de los transportes terrestres (LOTT), de manera que se limitaba la acción de estos coches a la actividad interurbana. O sea, entre municipios y no dentro de una misma localidad. Pero para "compensar los perjuicios" que eso pudiera ocasionar a los que habían obtenido la licencia bajo el amparo de la normativa anterior, se dieron estos cuatro años de margen que vencen el 29 de septiembre de 2022. El miedo a lo que suceda después es lo que ha levantado la ceja del taxi. Y tampoco ayuda, dicen, que el 'conseller' de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, todavía no les haya recibido.

Tras la reunión con los grupos políticos, Álvarez ha pasado revista. En Comú Podem, la CUP y el PSC parece que están de su parte para intentar mantener el equilibrio de una VTC por cada 30 taxis; una proporción que es más simbólica que real porque en Catalunya ya hay más de 2.000 de esas licencias por unos 12.700 taxis (una por cada seis). Del PP no ha dicho nada pero tampoco el grupo parlamentario (tres diputados) puede desempatar la cosa. El peso del asunto recae en los socios de gobierno, ERC y Junts. Y ahí hay diferencias sustanciales, aunque parecen compartir, ha dicho el portavoz de Élite Taxi, el rechazo al modelo un punto liberal que Isabel Díaz Ayuso parece querer impulsar en Madrid. Si de música se tratara, Álvarez ha dejado claro que le gusta más la sinfonía de Esquerra que la de Junts. Pero esto no ha hecho más que empezar.

Alerta electoral

Álvarez ha terminado con un par de recordatorios. El primero, que el año que viene hay elecciones "y el taxi lleva 40.000 votos en el bolsillo". Y el segundo, que van a "mantener la presión y no habrá guerra sin el 1/30", y que esperan "poder conocer de una vez al 'conseller' Puigneró". Con todo esto, ahora pueden pasar dos cosas: que el Govern no haga nada y el fin de la moratoria ponga fin a la actividad urbana de las VTC, o que establezca un nuevo orden. Que puede derivar en convivencia o en caos.