El cierre de Amazon en Martorelles como indicador

Una de las cosas más sorprendentes del cierre de Amazon en Martorelles es el breve espacio de tiempo transcurrido entre que el gigante del comercio electrónico decide establecerse en el polígono del Vallès Oriental y el momento que anuncia su marcha: apenas cinco años. La noticia de la apertura del centro, en 2017, fue bien recibida porque daba ocupación a la zona. Ahora, con su traslado de actividad a otras plantas españolas, 800 trabajadores se quedan sin empleo, a menos que acepten la propuesta empresarial de mudarse a Zaragoza o El Far d’Empordà por un sueldo menor. La recolocación, además, solo sería para 150 trabajadores, con lo que la plantilla, que está en huelga desde principios de mes, lucha ahora por conseguir las mejores condiciones de indemnización o que sean recolocados en el centro logístico de El Prat, más cercano. Como suele ocurrir en casos así, la afectación en el territorio es mayor, porque de él dependen empleos indirectos.

Entre 2018 y 2022, la compañía afirma haber invertido 10 millones de euros en Martorelles, pero ahora considera que la planta se le ha quedado pequeña y que no es viable. La rapidez y aparente facilidad con que ha cambiado de planes estratégicos debería llevarnos a reflexionar sobre los efectos de la dependencia creciente de la economía catalana al sector logístico vinculado a las plataformas digitales -con centros de decisión fuera de nuestro país-, y la necesidad de seguir reforzando el tejido industrial de Catalunya. No se entra a debatir aquí la importancia capital del 'e-commerce' hoy en día, pero sí de la calidad del empleo que este puede ofrecer. No es lo mismo acoger un centro de desarrollo de tecnología avanzada que un almacén. Y aun siendo los centros logísticos muy necesarios, si su implantación tiene que ver con el retroceso de fábricas, en el fondo no es buena señal.

Los trabajadores de Amazon de Martorelles necesitan una solución a corto plazo. Sería deseable que la administración aportara de su parte -como ha ocurrido con otros cierres importantes- para atraer otra compañía dispuesta a ocupar los 30.000 metros cuadrados del centro de Martorelles que se quedarán vacíos. Y también es imprescindible mantener como objetivo prioritario e irrenunciable intensificar el impulso de la industria en Catalunya. Esta semana se ha conocido el dato de 620 millones de euros captados por la Generalitat en inversión extranjera en 2022, el 14% más, un buen ejemplo de este compromiso; como lo es también el Pacte Nacional per a la Indústria. Este plan, acordado entre el Govern con la patronal Foment y los sindicatos CCOO y UGT, prevé destinar 3.200 millones de euros (de los cuales, 400 millones de los fondos europeos) en los próximos tres años para evitar la fuga de empresas, atraer inversiones extranjeras y apostar por sectores clave como las energías verdes y la tecnología. El acuerdo entre el PSC y ERC ha permitido salvar la partida correspondiente a la reindustrialización en los presupuestos de la Generalitat para 2023, que aumentan un 17% la dotación para el Departament d’Empresa i Treball, hasta los 1.450 millones de euros. Cuando los agentes sociales reclamaban un acuerdo para la aprobación de las cuentas exigían precisamente eso: que se abriera paso a políticas que beneficien al conjunto de los ciudadanos. La reindustrialización debe seguir siendo una estrategia de país.