Patinetes y soluciones

Tras un primero aviso hace un mes, en forma de propuesta que tenía todos los visos de convertirse en norma, la Autoritat del Transport Metropolità del área de Barcelona ha fijado el día 1 de febrero como la fecha en que empezará un veto de seis meses al acceso con patinetes eléctricos al transporte público. Es difícil esperar que las administraciones y empresas asuman el riesgo de no actuar después de que el pasado mes de noviembre un incendio inundase de humo en cuestión de segundos un vagón de los Ferrocarrils, esperando que un hecho similar, potencialmente con consecuencias más graves, no se repita. Así que ha pesado el imperativo de poner como prioridad «el principio de seguridad preventiva».

La dificultad de sofocar un tipo de combustión que no reacciona a los métodos habituales de extinción (una vez se produce la reacción química, la única solución para detenerla es sumergir las baterías completamente en agua) supone un riesgo evidente. Y la reiteración crónica de casos en que las baterías de litio utilizadas en estos vehículos de movilidad personal (VMP), pero también en otros muchos dispositivos electrónicos, entran en combustión (16 casos en 2020 en Catalunya, 20 en 2021, 24 en 2022, en uno de estos incidentes con tres muertes) demuestra que existe un problema al que dar una solución técnica. Otra cosa muy distinta es si la respuesta oportuna son medidas que aspiren a un riesgo cero por la vía de la prohibición absoluta de su entrada en recintos cerrados del transporte público (¿en este caso, por qué no hacerlo también con otros dispositivos equipados con baterías de litio, o en otros espacios públicos como aparcamientos o lugares de trabajo, o con otras tecnologías también susceptibles de disfunciones peligrosas?) o si debe abordarse más bien desde el punto de vista de la prevención y la mitigación de daños.  

Los VMP ligeros y con motor eléctrico, usados en combinación con el transporte público, se han convertido en una alternativa eficiente y barata a la motocicleta y que mejora la accesibilidad y el ahorro de tiempo a los potenciales usuarios que tienen los servicios de metro, autobús o tren a una distancia disuasoria del lugar de origen o destino de sus trayectos. Se trata de un ejemplo de intermodalidad que favorece el uso del transporte público en un momento de crisis ambiental y energética y que por sus características ha acabado siendo adoptado en gran parte por trabajadores y estudiantes de rentas bajas y con alternativas en muchos casos (aunque en otros puedan ser asumibles una mayor inversión de tiempo en los desplazamientos, o el uso de la bicicleta) costosas o poco viables. De forma muy evidente en algunas situaciones, como la de los 'riders' que residen fuera de Barcelona pero los usan como herramienta de trabajo o quienes se trasladan a polígonos industriales mal comunicados. Los beneficios tanto para esos usuarios como para el funcionamiento de la movilidad general son demasiado evidentes como para no buscar alternativas, y a ser posible sin agotar el plazo de seis meses fijado como moratoria. 

Hay voces a las que se deberá prestar especial atención, como las de los bomberos o los responsables de los servicios de inspección técnica e industrial. Pero debería ser posible arbitrar el conjunto necesario de medidas preventivas (prohibición de carga, despliegue de puntos de aparcamiento seguro en terminales de transporte público, información sobre el uso adecuado, un mecanismo de ITV que cribe los vehículos que concentran el mayor riesgo, los dañados, trucados, no homologados o sin revisión alguna...) que quizás complique pero no impida lo que ha demostrado ser una buena solución para la movilidad de muchos.