¿Volver al referéndum o aclararse?

Acierta el presidente Aragonès en su discurso de Sant Esteve al afirmar que una vez aprobadas la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación, medidas ambas que han de servir para minimizar los efectos judiciales del 1 de octubre y que en la práctica pueden interpretarse como una amnistía encubierta, hay que abrir una nueva fase de la negociación para avanzar en la resolución del conflicto político. Sin embargo, vuelve a errar en el diagnóstico y en la receta porque sigue asumiendo que en Catalunya existe un amplio consenso sobre la necesidad de resolver el conflicto votando a través de un referéndum de autodeterminación, de lo que se deduce, además, que el conflicto es entre Catalunya y España, asunciones que son del todo falaces. En Catalunya son muchos los que quieren un referéndum pero no hay consenso al respecto ni de lejos, por mucho que se haya repetido hasta la saciedad el mantra del 80%. A menos que se dé más crédito a algunas encuestas con preguntas que inducen la respuesta como las que ha hecho el CEO durante años que a la posición de los partidos parlamentarios que representan a los ciudadanos. Porque ni en los momentos más álgidos del 'procés' ni ahora ha habido nunca un 80% de diputados a favor del referéndum, en la actualidad, de hecho, al menos un 40% de diputados están claramente en contra, los de PSC, Ciudadanos, PP y Vox, mientras que los de los 'comuns`' son, como siempre, un misterio. 

Por ello, haciendo un ejercicio de honestidad, el 'president', que lo es de todos los catalanes, debería reconocer abiertamente que no hay consenso en torno al referéndum, aunque esta sea una demanda absolutamente legítima, y asumir la existencia de profundas diferencias entre catalanes y tratar de gestionarlas. Algo que subrepticiamente ya ha hecho al anunciar que la Generalitat impulsará un debate con el conjunto de la sociedad para ‘dar forma y visualizar’ ese consenso, ya que ello implica reconocer que ese consenso no existe. El problema está en que el 'president' ya ha predeterminado que el resultado de ese debate ha de ser un acuerdo sobre cómo y de que manera Catalunya ha de volver a ejercer el derecho a decidir para que esta vez todas las partes se sientan incluidas y acepten el resultado. Es lo que denomina la propuesta catalana de Acuerdo de Claridad, algo que más allá del nombre en su actual formulación muy poco tiene que ver con el original canadiense y se presta a la confusión.  

La intuición del 'president' seguramente es buena, y asumiendo como propósito de año nuevo que también lo son sus intenciones -y que no es solo un nuevo vericueto para volver otra vez al referéndum de autodeterminación y por tanto al punto de partida-,  hay que exigirle más claridad. Si por un lado se pretende promover un debate en Catalunya que genere consenso y del que presumiblemente se deriven consecuencias jurídicas y legitimidad y se apruebe en referéndum ha de explicar que solo hay una vía posible: la reforma del Estatut. Si no se quiere abandonar el lenguaje procesista se pueden utilizar todos los eufemismos que quieran pero la reforma del Estatut es además el único proceso cuyo resultado culmina preceptivamente con un referéndum, que es seguramente la consulta a la que se refiere Salvador Illa. Todo ello, naturalmente con permiso de la nueva doctrina que imparta el renovado Tribunal Constitucional.

Y si se quiere propiciar en España un debate en torno a la idea de claridad, que no es otra que el reconocimiento de la legitimidad de la aspiración secesionista de una parte del territorio y la necesidad de resolver el conflicto político que de esta aspiración se deriva, respetando el Estado de derecho, el principio democrático y los derechos de las minorías, hay que buscar aliados en el conjunto estatal. No es descabellado pensar que algún partido de ámbito estatal, y más después de la crisis institucional a la que hemos asistido en las últimas semanas, pueda tener incentivos para recuperar la abortada agenda reformista que tenían los nuevos partidos en 2015 e incorpore el impulso de una vía española hacia la claridad que, a medio plazo, pueda sustituir a la secular conllevancia. Los diputados catalanes que dan y quitan mayorías bien lo valen. 

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